Hay que cerrar el círculo de la tarifa eléctrica
Cuando la columna vertebral de la política económica de un Gobierno es controlar el gasto público para reducir un déficit desorbitado que pone en cuestión la financiación de toda la economía, y ese es el caso de España y su Gobierno, la ordenación del sistema eléctrico para evitar sus desequilibrios crecientes debe ser prioritaria. Este razonamiento coincide con los propósitos expresados por el Ejecutivo ya hace un año, cuando el déficit tarifario acumulado era de 24.000 millones de euros, pero parece mucho esperar un año sin que el asunto esté resuelto, aunque es justo reconocer algunos progresos. En el mejor de los casos, en 2012 el desajuste producido sería la mitad del esperado en caso de no haber hecho nada, pero todo ha corrido por cuenta de nuevos impuestos y ciertos recortes a la generación de energías verdes.
En 2012, tal como argumentó ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Foro CincoDías, España ha mejorado su entorno de financiación y ha sido posible titulizar cantidades adicionales de déficit de tarifa. Pero este no debe ser, en ningún caso, el camino para resolver un problema que podría tener unas dimensiones de cerca de 8.000 millones de euros al año, una cantidad similar al déficit del sistema de pensiones. Una crisis con dos recesiones encadenadas puede permitirse un déficit puntual en el sistema de retiro, pero de ninguna manera puede darle más hilo a una cometa como la del déficit eléctrico por no ajustar los precios pagados por los consumidores al coste real de producción y transporte de la energía.
En el mismo sentido, y ante las estrecheces financieras de España y de los españoles, no pueden mantenerse montajes energéticos bonificados por encima del coste real de producción, por mucho compromiso financiero adquirido en el pasado que se tenga o por mucha simpatía intelectual que todos los agentes económicos, y la ciudadanía también, le profesen a las energías renovables. Y menos echando el cerrojo a fuentes de generación baratas y amortizadas, como Garoña, pese al demostrado desinterés que tengan sus propietarios en prolongar su vida útil.
El Gobierno ha aplicado varias fórmulas que limitan el sobrecoste de la energía para las cuentas públicas o el recurso al mercado, algunas rechazadas pese a contener un elevado componente de progresividad como los recargos en función del consumo. Debe seguir buscando alternativas en un ejercicio de honestidad y racionalidad económica del que deben participar todas las fuerzas del mercado, desde las compañías hasta los consumidores, y en el que todas hagan un sacrificio adicional para equilibrar el sistema eléctrico. En el que los consumidores paguen más porque la energía cuesta más y en el que las eléctricas sostengan por sus propios medios las cuentas de resultados, sin las recargadas muletas del Estado.