Más control sobre los funcionarios
La reforma que tiene pendiente la Administración pública española cuenta con varios frentes abiertos de distinta naturaleza y problemática diversa. Los efectos de la crisis económica y la obligación de cumplir con los objetivos de déficit fiscal marcados por Bruselas han convertido esas reformas en una urgencia aparentemente coyuntural cuando buena parte de ellas responden a unas deficiencias de origen casi estructural.
Es el caso, entre otros, de los problemas de eficiencia que arrastran muchas Administraciones públicas y cuya consecuencia más evidente es un desequilibrio no solo en materia presupuestaria, sino también en cuestión de tiempo y oportunidad. Como parte de las acciones encaminadas a tratar de optimizar al máximo los recursos públicos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha transmitido a algunos organismos la orden de aumentar el control sobre los funcionarios para garantizar que se cumple la jornada laboral completa. Un horario semanal de 37,5 horas que ha sido implantado a través de una orden ministerial publicada en el BOE el pasado 29 de diciembre.
La intención del Gobierno con esta medida es impedir que el nuevo modelo de jornada laboral se convierta en papel mojado, dados los problemas de aplicación que las nuevas directrices están suscitando en muchos centros de trabajo. Esas barreras están integradas por una batería de derechos adquiridos -jornada reducida los viernes o durante los tres meses de verano, por ejemplo- que será necesario sortear para poner en práctica los planes del Gobierno. El sistema de control establecido por el ministerio consiste en un registro de entradas y salidas del personal que deberá ser remitido de forma trimestral.
La medida ha sido recibida con descontento por un colectivo que ha visto modificadas sus condiciones de trabajo como consecuencia de los recortes enmateria de gasto. Además de la modificación de la jornada laboral, el colectivo de funcionarios y empleados públicos ha sufrido recortes salariales -en forma de supresión de pagas extraordinarias- y ha visto aumentado al mismo tiempo el control del absentismo. A ello se ha unido el debate generado en España sobre la eficiencia de la gestión pública, así como las críticas a ciertas ventajas de que dispone el personal de las distintas Administraciones.
Sin duda, muchas de esas críticas deben ser matizadas, dada la amplitud y variedad de los cuerpos de empleados públicos y la alta especialización y productividad de algunos de ellos. Pero es difícil negar que los males de la Administración pública existen y es difícil también justificar el mantenimiento de unas deficiencias y unos privilegios que en el escenario actual el sector público español no puede permitirse el lujo de conservar.