El Gobierno pide una indemnización justa por la nacionalización de las filiales de Iberdrola
El Gobierno español ha lamentado la nacionalización de las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola anunciada este sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y ha pedido una "justa" indemnización para los accionistas de estas compañías.
"España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas", señala el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Así, el Gobierno aprovecha para expresar que "las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común".
En el mismo decreto por el que se nacionalizan estas cuatro empresas -dos distribuidoras eléctricas y dos empresas de servicios- se prevé que una tercera parte independiente evalúe en un plazo de 180 días el precio de las acciones de las compañías nacionalizadas y determine así la cantidad que deberá abonar el Estado boliviano a Iberdrola.
En ese sentido, el Gobierno ha manifestado que espera que el proceso "se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado". Asimismo, España señala que "la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia".
El Gobierno recuerda además que estas cuatro empresas "prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano".
Soria pide una "justa indemnización"
También el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado que Bolivia deberá evaluar "con objetividad" las filiales de Iberdrola y ha enviado un mensaje al presidente boliviano, Evo Morales, para pedirle que se adjudique a la eléctrica española "una justa indemnización" a la que, según ha apuntado, "tiene derecho sin dilaciones innecesarias".
En una entrevista concedida a ABC, Soria ha indicado que "lamenta" la decisión de Bolivia que, según ha señalado, "ha sorprendido a las autoridades españolas" porque no se había recibido notificación. "Esta decisión recae sobre unas compañías que prestan el servicio público de distribución de electricidad que nunca habían pertenecido al Estado boliviano", ha precisado el ministro.
Por otro lado, el ministro de Hidrocarburos y Energía boliviano, Juan José Sosa, aseguró ayer que espera tener una reunión "cordial" la próxima semana con los ejecutivos de la española Iberdrola, a la que expropió el sábado sus filiales bolivianas.
"Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes", sostuvo Sosa en una entrevista con el canal estatal.
Sosa ratificó que el decreto de expropiación que presentó ayer por sorpresa el presidente Evo Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
El ministro agregó que con esa información el Ejecutivo se sentará a negociar con Iberdrola "para ver cuál es el monto justo que se le tiene que compensar por esta nacionalización que hemos llevado a cabo como Gobierno nacional".
El presidente boliviano arguyó que con la expropiación pretende equilibrar las tarifas eléctricas entre las áreas urbana y rural de La Paz y Oruro, pues mientras en las ciudades el coste promedio es de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatio/hora, en el campo sube hasta los 1,59 bolivianos (0,23 dólares).
Morales aseguró ayer que su Gobierno negoció durante cuatro meses con Iberdrola para que iguale las tarifas, pero como no hubo resultados, se decidió "nacionalizar" sus filiales en Bolivia, administradas por Iberbolivia.
Sosa sostuvo que para nivelar las tarifas se aplicará una suerte de subvención en el área rural, empleando para ello el 15% de las utilidades de Electropaz, que en 2011 superaron los 11 millones de dólares.
"Iberbolivia es una empresa que está prestando un servicio de distribución y tiene ánimo de lucro, lo que le interesa es ganar. Y en el caso del Estado nacional, no tenemos esos fines de lucro, lo que queremos es garantizar la continuidad del servicio tanto en calidad como en una tarifa que sea equitativa", afirmó.
Morales ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para la compensación.
Al respecto, el ministro Sosa indicó que ENDE ya contrató a la empresa encargada de la valoración y "una vez que concluya, se va a llamar a las partes" para "negociar una compensación justa", que es lo mismo que se ha prometido a Iberdrola.
Insistió en que aún se encuentran dentro del plazo establecido para la conciliación con REE.