Editorial

Costes crecientes, rentas menguantes

En ningún informe de ningún analista privado ni institución pública, nacional o internacional, figura el año 2013 como el ejercicio de la recuperación para la economía española. El propio Gobierno, más optimista que nadie en esta materia, prevé una contracción de la producción de medio punto porcentual, con un ajuste en el empleo de unas 300.000 ocupaciones en términos de contabilidad nacional. Pero quiere transmitir, con la cautela debida, la convicción de que la inflexión de la actividad, la estabilización de la economía, está en algún punto del calendario del año que comienza mañana.

Desde luego que 2013 seguirá siendo un año de ajuste de la economía, de casi todos sus parámetros, para recomponer todas las variables que la crisis ha puesto fuera de control. Desde las finanzas públicas, que tienen un correlato inmediato en los bolsillos de los ciudadanos, como contribuyentes (financian al Estado) y como perceptores de servicios o rentas públicas, hasta el funcionamiento de las empresas, que han perdido competitividad a chorro por la descomunal inflación de costes y precios acumulada este siglo.

Las subidas de impuestos para tratar de cerrar la brecha fiscal del Estado recortarán la renta disponible de los españoles, pues a las alzas realizadas en 2012 (nada menos que una cada quince días y que han afectado a todas las figuras impositivas), se añade la eliminación de algunas de las bonificaciones fiscales que más actividad han movilizado en el último ciclo alcista de la actividad. No habrá deducción por la adquisición de vivienda habitual desde mañana, y el IVA para la compra de casas pasará del 4% al 10%. Los servicios públicos serán más caros (algunos deberán ser copagados por vez primera, como los judiciales), y los privados (energía, sobre todo), prosiguen su escalada hasta cerrar el déficit tarifario que ahora subvenciona tanto a consumidores como a la cuenta de resultados de las compañías.

Las empresas se encontrarán también con cotizaciones más elevadas y menos margen de maniobra en los impuestos con los que optimizaban su factura fiscal, aunque pueden encontrar alivios en sus cuentas si logran articular con la negociación eficiente de los convenios. En definitiva: más impuestos, menos renta, menos capacidad de compra para los particulares, que, además, por vez primera en décadas verán como la jubilación no podrá alcanzarse hasta superar en un mes los 65 años, y cómo el cálculo de la pensión es más exigente que en 2012.

Todos los esfuerzos deben darse por bien empleados si se logra recomponer la estabilidad financiera del Estado, los niveles de endeudamiento de empresas y familias, y la confianza de todos los agentes económicos en la economía. Algunas señales aparecen ya que indican que lo peor ha pasado, aunque aún este año haya que pagar parte de las facturas, y que se está recomponiendo la economía, que bien podría estabilizarse en unos trimestres y volver al crecimiento. No son señales contundentes, pero aparecen tras casi año y medio de oscuridad absoluta, y constituyen las primeras señales de luz a las que conviene dar el crédito debido.

Ya se encadenan dos meses de entrada neta de capitales en España, tras trimestres completos de salidas por la desconfianza que generaba financieramente España; ya, dos meses de creación de empresas, aunque tal registro contiene el sesgo del avance de los autónomos que buscan soluciones de autoempleo; sectores industriales claves, como automóvil, han redoblado la apuesta por España, como otras empresas de industria tradicional; y la actividad exterior retoma el pulso, tanto en la venta de bienes como de servicios.

Las dudas siguen alojadas en el sostenimiento de la financiación de la economía, puesto que el ahorro no tiene capacidad para fomentar el crecimiento. Europa ha dado algunos de los pasos que tenía que dar y que España había reclamado siempre: ha saneado la banca fallida (que ahora debe jibarizarse en empleo, oficinas y crédito) y ha fijado un mecanismo para auxiliar a los Tesoros con dificultades. Pero la decisión sobre su uso está en manos del presidente Rajoy, que parece mantener una apuesta firme por evitarlo a toda consta. Eso sí: la economía española, sus empresas y sus familias, no puede seguir mucho tiempo con las vías de crédito cerradas, por mucho que el Estado pueda financiarse.