Tras la amnistía, Hacienda debe pasar a la acción
El Ministerio de Hacienda ha logrado un éxito relativo con la operación de amnistía fiscal que culminó el último día de noviembre, recaudando solo 1.200 millones de euros cuando preveía más que duplicar esa cantidad de ingresos extraordinarios. Pero puede considerarse también un fracaso solo relativo si tenemos en cuenta que las instituciones más críticas con esta medida de perdón estimaban que la recaudación sería muy inferior a la registrada, de hasta una décima parte. Objetivamente, 1.200 millones de euros, el peaje de aflorar unos 12.000 millones de euros, es, por ejemplo, poco menos de lo que cuesta la revalorización limitada que ha decidido el Gobierno para las pensiones ante la falta de recursos del sistema de la Seguridad Social.
Como en los dos casos anteriores en la era democrática, esta regularización de patrimonio financiero oculto, dentro o fuera de las fronteras de la jurisdicción de la Hacienda española, es el reconocimiento de un fracaso. Admitir que España no genera la confianza suficiente como para que sus contribuyentes cumplan con todas sus obligaciones fiscales, y busquen refugios francos, es un modelo fallido en sí mismo y un ejercicio de claudicación ofrecer una generosa puesta al día a quienes han escamoteado sus aportaciones a la caja común, en muchas casos durante años. Pero la apremiante necesidad de encontrar recursos que cubriesen el defecto de los que antes proporcionaba una efervescente actividad económica para mantener los niveles de gasto público, ha forzado a varias Administraciones a poner en práctica este tipo de operaciones de legalización de lo oculto. Admitiendo en todos los casos que se trataba de una flagrante desconsideración hacia quienes cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias, sobre todo en un país en el que se huele la presencia de un fraude fiscal nunca cuantificado y pocas veces perseguido, la Administración ha buscado humildemente aflorar recursos para cuadrar unas cuentas cada vez más complicadas.
Además de la afloración de los citados 12.000 millones de euros, casi todos en los últimos días hábiles de la operación, Hacienda dispone ahora de más certezas sobre la dimensión de la elusión fiscal a gran escala, esa que generan algunas de las más inasibles y generosas fuentes de riqueza.
Independientemente del grado de control que tenga en lo sucesivo sobre los rendimientos de las cantidades afloradas, debe extremar el rastreo y fiscalización de las no afloradas, utilizando todas las herramientas de las que, con la nueva normativa sobre lucha contra el fraude, se ha dotado. España es el país más esquivo con el pago de impuestos de cuantos a su alrededor tienen este nivel de riqueza, y el simple hecho de recaudar cantidades similares a las de los vecinos eliminaría de golpe todo el déficit público actual, nada menos que de 70.000 de euros.