Kilómetro cero para el sistema financiero
Antes de Navidad la Comisión Europea aprobará los planes de recapitalización de cuatro entidades financieras menores, como Liberbank, Ceiss (Caja España-Duero), Mare Nostrum y Caja 3, y solo cuando lo haga puede considerarse que el saneamiento del sistema bancario estará plenamente en marcha. Pero tras la presentación ayer de los de las grandes entidades nacionalizadas, que absorberán la parte del león de las ayudas públicas, podemos considerar que la banca española ha entrado en el siglo XXI, en la era del euro post crisis. Para ello, los socios de España ponen en Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Bank y Banco de Valencia 37.000 millones de euros que el Gobierno pidió en junio como socorro financiero porque el mercado no se los prestaba, por detectar un intenso olor a podrido en el sistema bancario, cuyo origen ha sido identificado y separado después.
Aunque la gangrena financiera que destruyó la solvencia de estas entidades afectaba solo a una parte de sus activos, y las entidades neutralizadas apenas suponían el 30% de la actividad bancaria española, la sana costumbre de generalizar que tienen siempre los fiadores internacionales, unas veces de forma justificada y otras no, ha puesto a todo el sistema, al Estado como último garante financiero y a toda la economía contra las cuerdas. De hecho, sigue pendiente de un rescate parcial hasta el propio Tesoro por las dudas existentes que desata la financiación de una deuda que podría superar el 100% del PIB en 2014, y que está desasistida de crecimiento económico. El mercado no financia a la banca, no financia al Estado por temor a que tenga que cargar con toda la banca, y no financia a empresas y familias, porque hay que despejar el sempiterno temor a que las deudas privadas terminen siendo públicas.
La capitalización de las entidades enfermas anunciada ayer, menos costosa de lo inicialmente calculado, es la génesis para recomponer la cadena de confianza que se rompió en la primavera, y que fue visible con la nacionalización de Bankia, la única entidad sistémica de todas las intervenidas. Pero sus efectos no serán inmediatos, porque disponen de cinco años para limpiar balance (reducción de un 60%), ajustar su capacidad instalada (red a la mitad y fuerte tajo a la plantilla) y liquidar la cartera industrial, un plazo demasiado dilatado, cuando las urgencias de la actividad son muy apremiantes. Una vez más, el parsimonioso modelo europeo de solución de crisis es una losa comparativa con la velocidad imprimida a los mismos problemas en EE UU o incluso en el Reino Unido, donde se aplica la cirugía desde el instante en que se identifica el problema.
Algunas de las obligaciones impuestas por Bruselas atentan a los más elementales principios de libertad de empresa, mercado único y respeto a la competencia de la que el español Joaquín Almunia es comisario europeo, como que las cajas ciñan su negocio al origen del que nunca debieron salir, tanto en territorio de actuación como práctica de riesgos (no promotores, no financiación en mercados mayoristas). Pero, por lo demás, descarga el coste entre todos: accionistas, tenedores de deuda subordinada o preferentes, trabajadores... y contribuyentes, aunque solo sea como garantes últimos de toda la inyección financiera y como víctimas en muchos casos de la parálisis de crédito de los últimos trimestres.
Bruselas mezcla el nivel de exigencia del ajuste bancario con la laxitud en el trato a los trabajadores del sector, y deja en manos de directivos y sindicatos, con el visto bueno del Gobierno, la determinación de las condiciones indemnizatorias de los despidos, cuando una ley aprobada por el Parlamento, y aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado, obliga a pagar 20 días por año, con un máximo de un año de sueldo. Saltarse tal precepto, con dinero avalado por todos los contribuyentes en el sector más identificado con la crisis, se antoja generosidad excesiva.