La banca rescatada tiene 3.500 millones en casas por hipotecas impagadas
Las cuatro entidades financieras que están en manos del Estado -Bankia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia y Novagalicia- tienen viviendas procedentes de desahucios o daciones en pago derivadas de hipotecas a hogares por valor de 3.500 millones de euros.
Las cuatro entidades financieras nacionalizadas por el Estado, Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia, tenían a cierre del primer semestre activos inmobiliarios por valor de más de 3.500 millones procedentes de hipotecas a hogares, según los datos aportados por las propias entidades a la CNMV. En cualquier caso, la cifra supone que, con un precio medio de la vivienda de 200.000 euros, unas 18.000 viviendas están en manos de solo estas cuatro entidades.
No todas estas casas proceden de desahucios, pues algunas de ellas proceden de operaciones de dación en pago que han sido aceptadas por las entidades. Esto es, ante un impago hipotecario, los bancos han negociado con el propietario la entrega de la vivienda para saldar toda o parte de la deuda. Igualmente, no todas estas viviendas suponen dejar a una familia en la calle, dado que algunas de ellas son de segundas residencias. Es decir, una familia adquiere una vivienda en la costa, no puede pagarla y la hipoteca es ejecutada.
Desde Bankia explican que parte de estos inmuebles procede de acuerdos de dación en pago. "Hemos aceptado 4.300 peticiones de dación en pago entre 2011 y 2012, y desde 2010 hemos renegociado 80.000 hipotecas para adecuarlas a las condiciones del prestatario".
Esta es la entidad que más casas embargadas procedentes de hipotecas tiene en su cartera, 1.493 millones de euros a cierre de junio. Una cantidad prácticamente igual tiene Catalunya Caixa -1.476 millones- y Novagalicia, 446, si bien los datos de esta entidad son de diciembre de 2011, los últimos disponibles. Banco de Valencia, por su parte, tiene 133 millones de euros. Catalunya Caixa explica que "desde 2008 hemos renegociado hipotecas y hemos sido pioneros en establecer daciones en pago con alquiler social, desde 2002". La entidad paralizó los desahucios la semana pasada y prevé mejorar las condiciones de acceso a este alquiler social, con rentas a partir de 175 euros al mes. "Hemos hecho 8.000 daciones en pago y otras 2.000 con alquiler social", añade.
En Novagalicia comentan, por su parte, que en las situaciones de especial vulnerabilidad se negocian daciones en pago, "pero es la última fase. Normalmente se halla una solución dentro del circuito financiero. En 2011 invertimos 1.034 millones en reestructurar deudas de familias con problemas". Estas viviendas irán destinadas íntegramente al banco malo, dado que este absorberá la totalidad de los activos siempre y cuando superen los 100.000 euros de valor contable, según el decreto que dio lugar a la creación de Sareb. Este banco malo, a su vez, tiene planteado sacar estas viviendas al mercado en distintos plazos, en función de las características de la vivienda (principalmente, su ubicación). Sareb también ha planteado el alquiler de algunas de las casas.
No son los desahucios, en todo caso, la principal fuente de inmuebles para la banca. En total, las cuatro entidades citadas tienen 14.614 millones de euros en distintos tipos de activos. Es decir, las viviendas procedentes de hipotecas de hogares son menos de la cuarta parte de las casas que tiene en cartera la banca nacionalizada.
Estas cuatro entidades han sido nacionalizadas a lo largo del año y su recapitalización se llevará la mayor parte del dinero pedido por España para el rescate de la banca.
La ley hipotecaria amenaza el pacto antidesahucios
El grupo de trabajo conformado por Gobierno y PSOE para pactar cambios normativos que logren frenar los desahucios hipotecarios volvió a reunirse en la tarde de ayer tras concluir sin éxito, pero con avances, el primer encuentro de seis horas que mantuvieron el lunes. Ambas partes acudieron a la cita con una pretensión común: ampliar el umbral de potenciales beneficiarios del código de buenas prácticas para la banca que el Ejecutivo impulsó en primavera.Se trata de una normativa aceptada voluntariamente por la banca que impone medidas alternativas al desalojo o, en última instancia, el alquiler social del inmueble para las familias que pierdan la propiedad tras acogerse a la dación en pago. De momento, sin embargo, su aplicación ha sido marginal, pues está restringida a las familias con todos sus miembros en paro, cuya cuota hipotecaria supere el 60% de sus ingresos (incluyendo prestación de paro) y siempre que su vivienda no exceda los 200.000 euros en una gran ciudad o los 120.000 en una población menor. La propuesta del PSOE es que las facilidades del código se hagan extensibles a aquellas familias que ingresen unos 18.600 euros anuales.La negociación de ayer partió de un punto intermedio. La intención es llevar un decreto ley urgente al Consejo de Ministros de mañana para impulsar de forma inmediata la atención a un mayor número de colectivos sociales. El PSOE ha condicionado este acuerdo, no obstante, a que las medidas inmediatas vengan acompañadas de reformas de mayor calado en la ley hipotecaria e incluyendo el desarrollo de una norma de sobreendeudamiento familiar que proteja a las personas físicas en la misma medida que a las empresas. Una opción a la que el Gobierno se opone, según fuentes socialistas, por el miedo a que una mayor protección del deudor generalice los impagos a la banca. El Ejecutivo es más partidario de consolidar la suspensión de los embargos por dos años que ha ofrecido la patronal de los bancos (AEB) y limitar los cambios al código de buenas prácticas. Desde el PSOE condicionan su apoyo al acuerdo a cambios de mayor profundidad.El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, advirtió por su parte que en las medidas que se barajan "la aplicación retroactiva plantea problemas jurídicos y se ha descartado".