Gobierno y PSOE ponen a sus primeras espadas a negociar una solución a los desahucios
La vicepresidenta del Gobierno y la vicesecretaria general del PSOE se reúnen este miércoles a negociar soluciones al drama de los desahucios hipotecarios. El Ejecutivo, que prevé contactos con partidos políticos, banca y afectados, aspira a sacar adelante de forma "inminente" medidas "paliativas" para los afectados y "preventivas" ante nuevos desalojos, que irán "más allá del código de buenas prácticas".
El drama social de los desahucios hipotecarios se ha convertido en una preocupación de primer orden para el Gobierno y la oposición. Para subrayarlo, serán las número dos de ambas formaciones, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quienes se encarguen personalmente de abrir este miércoles la ronda de negociaciones que mantendrán para buscar una solución común. Aunque la concreción de las medidas a acordar está lejos de haber sido definida, hasta el momento PP y PSOE han coincidido en un planteamiento: a la banca que ha recibido ayudas públicas se le podrán exigir procedimientos alternativos a los desahucios.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado que quiere una solución pactada "con el resto de fuerzas políticas, sobre todo con el PSOE", dijo, tras revelar que había tratado el tema con Alfredo Pérez Rubalcaba. "Queremos tomar la decisión a la mayor celeridad posible y de aplicación inmediata", manifestó en consonancia a los planteamientos de la oposición, en una entrevista a cadena Cope.
A partir de ahí, el Ejecutivo acudirá a la cita de hoy con las primeras conclusiones que haya obtenido su grupo de trabajo, en el que Presidencia se coordina con los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, y el PSOE con la proposición de ley que presentó ante el Congreso de los Diputados la pasada semana.
La intención del Ejecutivo, revelan fuentes del Gobierno, es acordar lo antes posible "medidas paliativas" para los afectados por desahucios hipotecarios y otras "preventivas" para evitar futuros casos. La idea es que el grupo de trabajo creado opere en paralelo a la negociación para introducir contactos con la banca, las plataformas contra los desahucios o los expertos en legislación hipotecaria, por ejemplo.
En este sentido, la Asociación Española de Banca (AEB) se ofreció como interlocutor del sector. "Si el Gobierno invita a los bancos o a nuestra asociación a este foro, estaremos encantados de participar en el mismo", ha sostenido la patronal, que recela de cambios en la legislación hipotecaria, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Rajoy, a su vez, adelantó que se está evaluando además el funcionamiento del código de buenas prácticas para el sector financiero que fue aprobado en marzo. "No ha funcionado como nos gustaría", admitió el presidente.
Las asociaciones de jueces han sido de las primeras en denunciar que las exigencias de exclusión social establecidas en el código, que rigen qué familias pueden beneficiarse de una mayor flexiblidad en la ejecución hipotecaria, han dejado fuera a buena parte de los afectados. "Si el código no llega, habrá que ir más allá del código", matizó el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso.
Por su parte, la proposición de ley elaborada por el PSOE -"tras seis meses de consulta" con expertos- amplía el umbral de los potenciales beneficiarios, endurece las condiciones para conceder nuevas hipotecas e impone un procedimiento extrajudicial en el caso de entidades que han recibido apoyos públicos, entre otras medidas.
En paralelo a la cita entre Sáenz de Santamaría y Valenciano, Rajoy tiene previsto recibir el miércoles al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha presentado también varias iniciativas como generalizar la dación en pago o utilizar para alquiler social el stock de vivienda de la banca intervenida.
La defensora del pueblo reclama un procedimiento de mediación
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría recibió ayer a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien le presentó una completa propuesta de modificaciones legislativas para poner fin a la escalada de desahucios que ha desatado la crisis. Becerril apuesta por imponer acto previo de conciliación entre el banco y el deudor que preceda a cualquier desalojo y en el que el juez tenga la facultad de imponer un acuerdo razonable. El informe de la defensora, a favor de que en algunos casos la entrega del inmueble baste para saldar toda la deuda (dación en pago), ahonda en las advertencias que ya realizó el pasado enero, en un documento que los jueces tomaron a su vez como referencia para denunciar los "abusos" de la legislación hipotecaria. Becerril también insta a regular un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, con plazos y prórrogas, y a limitar los intereses de demora. El Gobierno incorporará sus conclusiones a la negociación con el PSOE.
"500 millones en avales evitarían el desalojo de 10.000 familias"
La Agencia Negociadora, firma dedicada a la consecución de financiación bancaria para sus clientes, sostuvo ayer que "el Gobierno está moralmente obligado a promover iniciativas que obliguen a las entidades nacionalizadas a 'devolver' parte de lo obtenido del conjunto de la sociedad", apoyando a las familias que están en riesgo de perder su residencia. El argumento está sujeto, además, a su estimación de que "con un 5% de las ayudas a Bankia se puede evitar el embargo de 10.000 hogares". La propuesta, que la agencia espera que sea tomada en consideración por el Gobierno ahora que encara el problema de los desahucios, consiste en que el Estado ofrezca una línea de avales a las familias con problemas para que estas puedan utilizarlos para renegociar su deuda. Si la hipoteca media es de 112.000 euros, la agencia estima que aprobar una línea de avales por el 50% de su valor para 10.000 familias costaría 500 millones, que en principio no tendrían que consumirse.
