PP y PSOE plantean exigir alternativas al desalojo a la banca con ayudas

Gobierno y oposición buscan una solución conjunta al problema de los desahucios

Gobierno y PSOE estudian cambios legislativos que palien el problema social de los desahucios hipotecarios. Ambos coinciden en un planteamiento de partida: a las entidades que han recibido ayudas se les deben exigir alternativas a los desalojos. Ejecutivo y oposición prevén reunirse esta semana para negociar un pacto.

Concentración de ciudadanos ante los juzgados de la plaza de Castilla para protestar contra los desahucios.
Concentración de ciudadanos ante los juzgados de la plaza de Castilla para protestar contra los desahucios.

La dilatación de la crisis y el inexorable incremento de la tasa de paro están multiplicando el número de familias que, incapaces de hacer frente a su hipoteca, pierden su vivienda y mantienen la deuda con su banco. Los desahucios han alcanzado su cota máxima, unos 500 diarios según la Asociación de Jueces para la Democracia, hasta alcanzar los 400.000 desalojos desde el inicio de la crisis, según cálculos del PSOE, que prevé 250.000 nuevos casos en los próximos meses.

Ante el repunte de la preocupación social por el asunto, impulsado por las críticas de los jueces a una legislación "abusiva" y por el especial dramatismo de algunos casos, Gobierno y oposición se preparan para pactar una solución con una premisa común: las entidades que hayan recibido ayudas públicas deberán ofrecer alternativas a los desahucios.

"Estamos dispuestos a hacer lo que nunca se ha hecho", ha anunciado el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, avanzando desde Génova que el Gobierno va a "impulsar todas las medidas que permitan resolver una situación dramática".

Aunque Floriano no concretó más, fue la secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien apuntó la clave en una entrevista a TVE. En su opinión, habrá que "diferenciar"_entre las entidades que han recibido ayudas y las que no, pero las primeras deberán ofrecer "un tratamiento distinto" a las ejecuciones hipotecarias dado que "el dinero que les viene es público".

Por el momento, el Ejecutivo ha puesto en marcha un grupo de trabajo, que involucra a los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, para estudiar posibles cambios en la legislación hipotecaria.

"No es suficiente un grupo de trabajo. La solución tiene que ser urgente. El Gobierno puede tener tiempo pero las familias no lo tienen", repuso Antonio Hernando, secretario de Política Autonómica del PSOE, desde Ferraz, en una de las 20 ruedas de prensa que el partido celebró el lunes por todo el país para publicitar la proposición de ley para proteger a los deudores hipotecarios que ha presentado ante el Congreso.

La iniciativa socialista coincide con el planteamiento de los populares en dar un tratamiento específico a la banca con ayudas, a la que se impondría que abra un procedimiento extrajudicial con las familias que no puedan pagar su hipoteca. Durante este periodo de mediación, tanto el desahucio como la generación de intereses de mora, quedarían en suspenso a la espera de un acuerdo entre las partes.

La idea es que "en el peor de los casos" la negociación culmine con la dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda) y un alquiler social para que la familia permanezca en la vivienda pagando anualmente el 2% de su deuda restante, sin superar un tercio de sus rentas. La norma, aplicable a todas las hipotecas actuales que no sean ya fallidas, establece además un tope en los intereses de mora en dos puntos por encima del tipo establecido en la hipoteca.

En el caso de que la vivienda acabe siendo subastada, el precio de referencia sería el que se tasó al conceder el crédito y no, como ahora, el que derive de una nueva tasación en el que la familia saldría perdiendo por la fuerte caída del precio de los inmuebles. El PSOE también reclama una mayor separación entre las tasadoras y las entidades financieras, pues buena parte de las primeras están controladas directamente por la banca.

El precio mínimo de adjudicación por el que la entidad podría quedarse la vivienda en caso de quedar desierta la subasta sería del 75% de su valor, frente al 60% actual (porcentaje al que lo elevó el PSOE durante su último mandato, desde el 50%). El objetivo, defendió la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, es que la banca "asuma su parte de responsabilidad" ahora por la concesión de créditos, "sin valorar el riesgo", durante el boom inmobiliario. Para evitar este tipo de prácticas en el futuro, su proposición también establece que las nuevas hipotecas no se den por más del 80% del valor de tasación del inmueble y siempre y cuando la cuota hipotecaria no supere el 30% de las rentas del solicitante.

Rodríguez Piñeiro instó ayer al Gobierno a tramitar esta norma como decreto ley, como se hiciera con las reformas financieras "para rescatar a la banca", para agilizar su puesta en marcha. Hernando, a su vez, propuso al Ejecutivo que se "encierre a negociar en una habitación" con ellos hasta que se consensuen medidas alternativas al desahucio.

Aunque el Congreso promete estar copado estos días por las enmiendas a los Presupuestos Generales, Ejecutivo y oposición prevén sentarse esta semana para empezar a negociar una solución conjunta al "drama" de los desahucios.

Otras reacciones a los desahucios

El CGPJ aboga por una reforma de la ley

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, admitió ayer la necesidad de reformar la legislación hipotecaria argumentando que "la actual está creando una serie de disfunciones" que multiplica los desahucios. Un incremento, dijo, que el CGPJ ha constatado al inspeccionar los juzgados civiles de primera instancia que se ven abocados a ordenar los desalojos bajo la normativa actual. Sus palabras sirvieron para inaugurar la XXII Jornadas de Jueces Decanos de España, cita anual que reúne en Barcelona a medio centenar de los principales magistrados del país, hasta mañana. Las conclusiones que alcancen los jueces estos días en torno a los desalojos y su "problemática social", serán remitidos posteriormente al Ministerio de Justicia, el Congreso y el Senado, informa Europa Press.

La banca recela de cambios normativos

Desde la AEB_(Asociación Española de Banca) afirman compartir "la preocupación" por la situación de las familias pero invitan a actuar en la generación de empleo para reducir los desahucios y en medidas sociales para paliar la situación de los afectados. La asociación defiende la "eficacia demostrada"_de la normativa actual que ha permitido al 83% de las familias tener una vivienda en propiedad. Desde el sector defienden que el desalojo es siempre la última opción y que evitar la ejecución hipotecaria a las entidades con ayudas pondría trabas a la reestructuración del sector. De otra parte, entidades como Bankia, la pasada semana, o Catalunya Caixa, ayer mismo, han iniciado negociaciones con afectados por desahucios que han acampado en protesta frente a sus sedes u oficinas.

Banco de España prevé más morosidad

El informe de estabilidad financiera publicado ayer por el Banco de España considera que la tasa de morosidad de las entidades financieras españolas podría seguir creciendo a causa del actual panorama "macroeconómico", para el que se dibuja un escenario de recesión en 2013. En paralelo, el documento constata que el crédito que concede la banca sigue cayendo. La tasa de morosidad de las personas físicas se situó en junio en el 3,8 %,

mientras que la mora hipotecaria alcanzaba el 3,1 %. La institución que gobierna Luis María Linde expone, aun así, que la mora en créditos para la compra de vivienda "sigue siendo relativamente reducida" gracias a factores socioeconómicos, como la red que proporcionan los familiares de los afectados, o el hecho de que la banca ha reducido la concesión de estos préstamos.