El PSOE quiere que la banca con ayudas pacte soluciones para los desahucios
El PSOE ha iniciado hoy una ofensiva política para tratar de suavizar la legislación actual de ejecuciones hipotecarias. La oposición, que plantea exigir a las entidades con ayudas que apliquen un procedimiento extrajudicial a las familias morosas, propone al Ejecutivo "encerrarse a negociar" hasta dar con una propuesta común que se tramite por vía urgente. El Gobierno, que dijo estar "muy atento" a las iniciativas del PSOE en este campo, ha puesto en marcha un grupo de trabajo.
"El Gobierno ha aprobado tres reformas financieras para rescatar a los bancos con urgencia, le pedimos que haga lo mismo con las personas", ha declarado esta mañana la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, que ha comparecido en Madrid en una de las 20 ruedas de prensa que el partido ha organizado por todo el país para reclamar una nueva legislación que "acabe" con el problema de los desahucios. Los socialistas han reclamado al Ejecutivo que se "encierre a negociar" con ellos una solución.
El principal partido de la oposición presentó la pasada semana una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados por la que se exige a las entidades financieras que han recibido ayudas públicas que abran un procedimiento extrajudicial a las familias que sean incapaces de hacer frente al pago de su hipoteca.
Durante este periodo, tanto el desahucio como la generación de intereses de morosidad quedarían en suspenso, a la espera de un acuerdo entre las partes. La idea es que "en el peor de los casos" la negociación culmine con la dación en pago, entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda, y un alquiler social en el que la familia solo pagaría anualmente el 2% de su deuda restante, con un límite en un tercio de sus rentas.
La norma establece además un tope en los intereses de mora en dos puntos por encima del tipo de interés establecido en la hipoteca. En el caso de que la vivienda acabe siendo subastada, por otra parte, el precio de referencia sería el que se tasó al conceder el crédito y no, como ahora, el que derive de una nueva tasación en el que la familia saldría perdiendo por la fuerte caída del precio de los inmuebles.
El PSOE también reclama una mayor separación entre las tasadoras y las entidades financieras, pues buena parte de las primeras están hoy controladas directamente por la banca. El precio mínimo de adjudicación por el que la entidad podría quedarse la vivienda en caso de quedar desierta la subasta, sería del 75% de su valor, frente al 60% actual (porcentaje al que lo elevó el PSOE durante su último mandato, desde el 50%).
El objetivo, defendió, Rodríguez Piñeiro, es que la banca "asuma su parte de responsabilidad" ahora por la concesión de créditos "sin valorar el riesgo" que dio durante el boom inmobiliario. Para evitar este tipo de prácticas en el futuro, la proposición del PSOE también establece que las nuevas hipotecas no se den por más del 80% del valor de tasación del inmueble y siempre y cuando la cuota hipotecaria no supere el 30% de las rentas del afectado.
En cuanto al código de buenas prácticas para la banca aprobado por el Gobierno la pasada primavera, los socialistas sostienen que ha resultado un fracaso por dejarlo en manos de "la voluntariedad" de las entidades -pese a que ha sido suscrito por el grueso del sector- y por las fuertes exigencias que se imponen para beneficiarse de él. El PSOE propone que puedan acogerse a este código las familias con unos ingresos anuales de 2,5 veces el IPREM, es decir, unos 18.000 euros, frente a la ausencia de rentas que se pide ahora.
Grupo de trabajo del Gobierno
El Gobierno, por su parte, ha puesto en marcha un grupo de trabajo, en el que están involucrados el Ministerio de Justicia y el de Economía, con el objetivo de valorar alternativas a la legislación actual. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó la pasada semana que no descarta aprobar una nueva legislación hipotecaria y que estará "muy atento" a las propuestas del PSOE
"No es suficiente un grupo de trabajo, comisiones o subcomisiones, tiene que ser urgente. El Gobierno puede tener tiempo per las familias no lo tienen", ha apuntado Antonio Hernando, secretario de Política Autonómica del PSOE.
El socialista ha propuesto al Ejecutivo que ambas formaciones se "encierren a negociar en una habitación" hasta que se consensuen medidas alternativas que pongan fin "al drama" que viven las familias afectadas. Unas 400.000 hasta la fecha según cálculos del PSOE, a las que se sumarán otras 250.000 en los próximos meses.
Desde el PSOE prevén reunirse con el Gobierno esta misma semana para tratar su propuesta, que sería aplicable a todos los préstamos hipotecarios -presentes y futuros- siempre que no hayan caído ya en un proceso de ejecución hipotecaria. A su vez, reclaman que la medida que se acuerde se tramite como decreto ley para acelerar su puesta en marcha.
