El Gobierno planea una reforma sobre los desahucios pactada con el PSOE
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció hoy su deseo de reformar la normativa sobre los desahucios para incorporar medidas que "sean mucho más eficaces" para frenar esas situaciones y que satisfagan al PSOE, con quien quiere pactar su aprobación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría señaló que "no es una reforma que queramos aplazar sino aprobarla lo antes posible". Por ello, el Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo con los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, entre otros, para analizar "todas las posibilidades legales" para frenar los desahucios.
En ese marco, ya se ha producido una primera reunión "de alto nivel entre los ministros", cuyos departamentos serán ahora los encargados de trabajar sobre las posibles medidas. Asimismo, Soraya Saénz de Santamaría ha mostrado la "máxima voluntad" del Gobierno para analizar la reforma con otros partidos políticos, "especialmente el PSOE", con el objetivo de que "satisfaga las posiciones de unos y otros" y se pueda pactar su aprobación.
"Hemos iniciado contactos para analizar las propuestas de unos y otros y trabajar para un consenso que permita poner en marcha medidas que sean mucho más eficaces en este asunto, que tiene un gran calado social y en el que tendremos que encontrar medidas de distinta naturaleza para poder paliar la situación", dijo la vicepresidenta.
Además, la número dos del Gobierno insistió en la necesidad de dar una "nueva vuelta de tuerca" al Código de Buenas Prácticas que ha promovido en la banca, como anunció el pasado viernes. A principios de año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un Código de Buenas Prácticas dentro del real decreto para proteger a deudores hipotecarios sin recursos, con el objetivo de que la banca llegue a acuerdos con las familias en dificultades para evitar que se queden sin vivienda.
En las últimas semanas, diferentes grupos de jueces y fiscales han insistido en la necesidad de reformar la normativa de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, ya que en su opinión favorece en exceso a la banca y deja desprotegidos a los clientes.
