Gobierno y oposición alcanzan un preacuerdo para frenar los desahucios con una ley urgente
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han llegado hoy a un principio de acuerdo para tramitar de forma urgente una nueva legislación que ponga freno a los desahucios. Un grupo de trabajo comenzará a preparar la normativa desde el lunes.
Ante la creciente preocupación social que viene generado el desahucio padecido por unas 400.000 familias incapaces de pagar su hipoteca desde que estalló la crisis, Gobierno y oposición han decidido actuar. Y hacerlo conjuntamente y de forma urgente. Hoy, ambas partes han llegado a un principio de acuerdo por el que se comprometen a legislar con celeridad con el objetivo de poner freno a la ola de desalojos que recorre el país. Unos 500 diarios, según la Asociación de Jueces para la Democracia.
El pacto es el resultado de la reunión celebrada a medio día entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que almorzaron juntas en La Moncloa. Que el asunto haya recaido en mano de las primeras espadas de ambas formaciones es un gesto más del interés mostrado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, por aclarar a la sociedad que piensan presentar una solución rápida y pactada al asunto.
El acuerdo alcanzado por Ejecutivo y PSOE se traducirá en la creación de un grupo de trabajo conformado por seis expertos -tres designados por el Gobierno y otros tantos por la oposición- que comenzarán a preparar la nueva normativa desde el próximo lunes.
La vicepresidenta del Gobierno y la vicesecretaria general del PSOE trabajarán en coordinación con los seis expertos durante el desarrollo de la normativa. Sáenz de Santamaría y Valenciano acordaron que las conclusiones que alcance este grupo de trabajo no tarden en plasmarse en la legislación. La respuesta al problema de los desahucios, asevera el PSOE en una nota de prensa posterior a la cita, llegará "con la mayor celeridad y urgencia posibles, bien a través de un decreto ley acordado o bien mediante una ley tramitada por vía de urgencia".
Paliativa y preventiva
La acción conjunta, a la que invitan a sumarse al resto de formaciones políticas, comprenderá tanto "medidas paliativas", para aquellos que se hayan visto afectados por un desalojo hipotecario, como "preventivas" para evitar nuevos casos.
Gobierno y PSOE se comprometieron, además, a darle "una atención prioritaria" a los casos de especial gravedad, las personas "en situación más vulnerable, tales como las familias con hijos o con mayores a su cargo".
A la reunión, Sáenz de Santamaría ha acudido con las impresiones del grupo de trabajo ya conformado entre los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, así como con el demoledor informe que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le presentó un día antes. El documento reclamaba un procedimiento de conciliación previo al desahucio en el que se imponga un acuerdo entre las partes. Un proceso parecido al dibujado por el PSOE en la proposición de ley que han presentado ante el Congreso reclamando alternativas a los desalojos. Por el momento, PP y PSOE coinciden en que a la banca que ha recibido ayudas se le podrán pedir esfuerzos adicionales para mitigar los embargos hipotecarios.
Los pisos de la Sareb podrían dedicarse al alquiler social
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió ayer al coordinador general de IU, Cayo Lara, en la primera entrevista que ambos mantienen desde el inicio de la legislatura. Entre otros temas, Lara planteó a Rajoy algunas de las propuestas que su grupo ha presentado ante la Cámara Baja para solucionar el problema de los desahucios. Algunas, como la generalización de la dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria) han sido tumbadas en el Congreso, IU defiende ahora alternativas como que el stock de la banca intervenida sea destinado a alquiler social. Una propuesta que el Gobierno no descarta llevar a cabo, según se desprende de la respuesta que da el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria que planteó en este sentido el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella. Ante la cuestión de si los inmuebles que se transfieran al banco malo (Sareb) podrán ser destinados al alquiler social, el Gobierno responde que el modelo de gestión aprobado "no prejuzga ni condiciona las actuaciones posteriores que instrumenten los fines encomendados a la Sociedad de Gestión de Activos, por lo que no se excluye que pueda destinarse una parte de esos inmuebles al alquiler en las condiciones que se estimen adecuadas, siempre siguiendo criterios de eficiencia y de gestión independiente y profesional", recoge Europa Press.Rajoy y LaraEl líder de IU también trató con Rajoy, según detalló momentos antes de la cita, una serie de "propuestas alternativas" como una reforma fiscal más justa que impulse la lucha contra el fraude así como planes contra el paro y la creación de empleo "a medio y largo plazo".
