La salida, en dirección opuesta

Los presupuestos presentados por el Gobierno para 2013 se enfrentan a su tramitación parlamentaria. El autor considera que el camino que marcan estas cuentas no es el adecuado para luchar contra la crisis.

A escasas semanas del inicio de su preceptivo trámite parlamentario, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 presentan una primera conclusión: el tsunami de la crisis avanza a una velocidad muy superior a la de la burocracia gubernativa y parlamentaria. Si los Presupuestos de ejercicios anteriores reclamaban una modificación urgente pocas semanas después de su aprobación por el Parlamento, los de 2013 demandan un ajuste estructural pocos días después de ser presentados.

Ya se sabe -el propio ministro de Economía lo ha reconocido- que la economía nacional se contraerá en 2013 por encima de las cinco décimas que estimaba inicialmente el Gobierno. Por lo tanto, es evidente que el cálculo de ingresos es muy optimista, que los gastos serán probablemente más altos y que el objetivo de déficit, fijado en el 6,3%, es utópico.

Consecuentemente, el análisis del proyecto de Presupuestos del Estado para 2013 es complejo. Si las estimaciones básicas son erróneas, sería preciso esperar al periodo de enmiendas para conocer la modificación del cuadro macroeconómico y la estimación de ingresos y gastos que del mismo se deriven.

Sin embargo, ateniéndonos al cálculo actual realizado por el Gobierno, habría que concluir que, en el mejor de los casos, los ingresos no financieros del Estado deberían alcanzar la cifra de 124.044 millones de euros. Es decir, tendría que producirse un incremento de la recaudación de 2,6 puntos con respecto a la prevista para 2012 y de casi el 19% con respecto a la recaudación real de 2011. La inmensa mayoría de los analistas coincide en señalar que esta estimación es irrealizable. Es prácticamente imposible que, en este contexto de recesión, aún tras el incremento de la carga fiscal, los ingresos impositivos puedan aumentar un 3,7%, como prevé el Gobierno.

Además, deberían cumplirse también las exigencias de contención del gasto no financiero, que el Gobierno confía en limitar a 162.106 millones de euros, solo un 6,2% más que la cifra prevista para 2012.

Y únicamente si se cumplieran esas previsiones, el déficit del ejercicio se elevaría a 40.903 millones de euros (3,8% del PIB), 6.375 millones más que el estimado para 2012, lo que permitiría cumplir las exigencias de la Unión Europea para el ejercicio 2013.

Pero, en todo caso, lo que pone de manifiesto la compleja ecuación presupuestaria de 2013 es el grave y casi crónico problema estructural de ingresos/gastos que padece España históricamente. No solo por el hecho de que durante largos periodos de tiempo se haya generado un gasto superior al volumen de ingresos, que también. Sino fundamentalmente, por la rigidez de la voluminosa estructura del gasto público.

Es verdad que el volumen de ingresos del Estado ha sido históricamente inferior en España, en relación con los países de la UE. De hecho, mientras en nuestro país ha representado en torno al 38% del PIB, en la UE dicho porcentaje ha superado el 44% de media.

El gasto público en España ha representado en torno al 40% del PIB entre 1999 y 2011, mientras que asciende al 48% en los países de la UE. El mayor gasto en España se registró en 2009 (46% del PIB), debido a las políticas anticíclicas que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero (incluido el Plan E). Pero incluso en ese ejercicio, el gasto público español fue cinco puntos inferior al de la media de la UE y, por ejemplo, diez puntos por debajo del gasto público en Francia.

La primera conclusión que sugieren estos datos es evidente. Si España ingresa menos de sus homólogos europeos, jamás debió plantearse una carta de servicios públicos de igual coste o mayor que la de los países vecinos. O expresado de otra manera, hace ya algunos años que España debería haber reestructurado el denominado Estado del bienestar, para adecuarlo a la realidad posible en función del volumen de los ingresos y garantizar así su sostenibilidad.

Pero el análisis más pormenorizado de esos datos pone de manifiesto otra cuestión de gran interés, que conduce a la segunda conclusión. Si se observa la composición del gasto público, se advertirá que el principal incremento no ha venido tanto de la mano del gasto social, como del coste de funcionamiento de las propias Administraciones (personal más gasto de intermediación), que ha aumentado un 3% del PIB, coincidiendo precisamente con el desarrollo del Estado de las autonomías. Así, coincidiendo con la deuda privada más alta de la historia reciente y el déficit público peor controlado de los últimos 30 años, lo que se ha producido es una intensa restricción del gasto y de la inversión por parte de familias y empresas, mientras el sector público trata de mantener aún su voluminosa estructura mediante un incremento de los ingresos impositivos y el recurso de la deuda.

El resultado es, como se sabe, la crítica situación de la economía familiar y de las empresas, muy especialmente las pymes y los autónomos. Con menores ingresos, con una mayor carga fiscal que soportar y sin fuentes de financiación a su alcance, es prácticamente imposible avanzar en el deseado proceso de desapalancamiento. Por eso es tan alto el volumen de empresas que abandonan la actividad. Solamente entre junio y septiembre de este año, el saldo neto de empresas activas ha descendido en 21.276, según el registro de la Seguridad Social, y más del 98% de ellas eran pymes.

La única manera, a mi juicio, de invertir esta tendencia es reduciendo la carga fiscal de las familias y las empresas, con el fin de contribuir a que amortigüen el peso de su deuda, de estimular el consumo y de facilitar la inversión. Aspectos, por cierto, que no se adivinan en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2013.

Aunque, como se suele decir, siempre que una puerta se cierra otra se abre, quizá hemos llegado a la situación a la que se refería Graham Bell cuando advirtió sobre el riesgo de obsesionarse con la puerta que se cierra: entonces no se ve la que se abre. Y es que la salida, en mi opinión, está en el carril contrario.

Jesús María Terciado Valls es Presidente de Cepyme