Agbar se rebela ante la oferta de Acciona por Aigües Ter Llobregat

Pulso empresarial, con deriva política, por el agua de Barcelona

La concesión durante 50 años de los servicios prestados por la empresa pública catalana Aigües Ter Llobregat quema en manos de la Generalitat en busca de ingresos urgentes para reducir el déficit. La mejor oferta parte de Acciona, pero la firma catalana Agbar asegura que es inviable. El presidente Mas asegura que las pujas se mirarán con lupa.

Tremenda patata caliente la que tiene en sus manos la Generalitat de Cataluña con la privatización durante 50 años de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa pública que opera el agua en la cuenca alta o -red de abastecimiento- de los ríos Ter y Llobregat. La firma, creada en 1990, tiene como clientes a las suministradoras de 118 municipios, incluida la ciudad de Barcelona. El gran operador en la cuenca baja es Agbar, firma participada por Suez y La Caixa que lidera una de las dos ofertas en firmepor ATLL.

Un escenario perfecto en un contexto político y social como el actual, en el que parte del sentimiento catalán está virando hacia posiciones separatistas, sería el de la Generalitat vendiendo el agua barcelonesa a una empresa catalana, como Agbar, que es la misma que sirve agua al área metropolitana de Barcelona desde hace 140 años. Pero en el proceso de privatización se ha colado una compañía con sede en Madrid, Acciona, una de las mayores referencias mundiales en agua, con negocios en Australia, México, Brasil u Oriente Medio. Y resulta que su oferta económica es mejor.

Hasta aquí nada extraordinario. La Generalitat debe estar satisfecha por poder elegir y maximizar los frutos de esta privatización. Pero la propia Agbar ha elevado el tono en los últimos días declarando que la oferta de su contrincante es inviable. Acciona, por su parte, tampoco es de las que suele quedarse mirando como le llueven palos. Se prevé batalla. El presidente Artur Mas ya ha declarado que las pujas se mirarán con lupa, lo que podría alargar la adjudicación varias semanas.

Por medio hay colectivos, como Ingeniería sin Fronteras, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona y diversas empresas operadoras de agua, que hablan de monopolio por parte de la empresa catalana y que recuerdan que la propia relación entre Agbar y el ayuntamiento de Barcelona, renovada el pasado mes de agosto, carece de contrato concesional. El asunto ha llegado hasta los tribunales.

El peso de la oferta económica.

La rivalidad entre empresas está tornándose enfrentamiento con tintes políticos. Todo el sector de las infraestructuras permanece atento a un desenlace nada previsible.

Los sobres con las ofertas, en los que se incluía la técnica y la económica, se abrieron el día 22. Una fecha a partir de la que corrían 15 días, antes de que Mas mediara, para proceder a la adjudicación. Según consta en los pliegos del concurso, el 75% de la decisión debe basarse en criterios económicos, por un 25% de peso concedido a la oferta técnica. La empresa de la familia Entrecanales parece imbatible, pero habrá que esperar el análisis de la mesa de contratación.

Las dos compañías en liza partían de una base: el pago de un canon inicial de 300 millones a la Generalitat y la entrega de otros 700 millones a lo largo del plazo de concesión del servicio. Donde debían competir las empresas interesadas era en las tarifas que cobrarían para recuperar la inversión y en las condiciones de subrogación de la plantilla.

En el primer apartado, Acciona está dispuesta a cobrar 0,7088 euros por metro cúbico, con un plazo de dos años para aplicar dicha tarifa. Agbar, por su parte, se va a 0,79 euros por metro cúbico, precio que entraría en vigor de forma inmediata. Con la privatización vendrá un encarecimiento del agua en cualquiera de los casos.

Sobre la plantilla, de 230 empleados, Acciona se compromete a quedarse con ella durante los 50 años de concesión. El grupo que preside Ángel Simón no llega a hablar de reestructuración, pero su subrogación es de 40 meses.

Es en la puntuación técnica donde Agbar se lleva la palma: 20 puntos a 13. Pero en el global, Acciona obtiene 87 puntos sobre 100 y su rival solo 51 puntos. Fuentes cercanas al proceso, que discurre paralelo al electoral, dan por descontado que, de llegarse a la adjudicación, habrá reclamación: el perdedor tendrá 15 días para cargar contra la decisión.