Editorial

Contra la lacra del fraude fiscal

Hay muchas teorías diferentes sobre las mejores estrategias para combatir la crisis económica y sus consecuencias, especialmente una tan nefasta como el paro. Pero en lo que existe unanimidad absoluta es en el dañino impacto que, en todo tiempo y lugar, supone el fraude fiscal sobre la economía. Y eso a pesar de que en España existe una cierta comprensión popular, más inexplicable cada día, hacia un delito que no solo rompe las reglas del juego sino que es sumamente insolidario, se produzca al nivel que se produzca.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va a publicar en poco tiempo la nueva ley contra el fraude, destinada a tratar de acabar de una vez por todas con esta grave lacra. Todos los Gobiernos de la democracia han lanzado sus propios planes, pero a pesar de los notables avances en la eficacia de la Agencia Tributaria (AEAT), ninguno ha logrado su objetivo en la lucha contra el fraude y ese caldo de cultivo en el que tan bien se desarrolla, la economía sumergida. Sin embargo, esta vez parece que la cosa va en serio. Los inspectores, tradicionalmente muy críticos y siempre escasos de medios, han elogiado la nueva norma, y eso a priori es un marchamo de calidad, aunque el texto legal y su aplicación efectiva tengan que demostrarlo.

Una cuestión que incluirá la nueva ley, la obligación de declarar los bienes en el extranjero, va en la buena línea porque además persigue incentivar que los contribuyentes con rentas no declaradas se acojan a la amnistía fiscal, que finaliza el 30 de noviembre, y también debe demostrar su eficacia. Pero también medidas como prohibir los pagos en efectivo de más de 2.500 euros -para acabar con el tan arraigado como perseguible "con IVA o sin IVA"- o la reforma del sistema de tributación por módulos -"un nido de facturas falsas", según la compartible opinión de los inspectores- son pasos que parece mentira que aún no se hayan dado.

La nueva ley contempla una batería de medidas para cobrar las deudas y permite los embargos preventivos además de prohibir aplazar deudas fiscales a empresas en concurso. El tiempo dirá si el afán recaudatorio de Hacienda resulta excesivo en ciertos puntos, porque hay empresas que no pagan por el simple hecho de que no tienen liquidez y solo necesitan algo de tiempo. De ser así, será un grave error del nuevo texto. Hay también otros aspectos formales que requieren reflexión, como el hecho de que se pueda imponer una sanción de hasta 3.000 euros por presentar una declaración en papel cuando el contribuyente está obligado a hacerlo por vía telemática.

Hay muchos casos en que la solución puede estar en más información y plazos claros. Acierta la directora general de la AEAT, Beatriz Viana,cuando asegura que para que las medidas contra el engaño fiscal tengan éxito es necesario que haya "una conciencia fiscal" por parte de la ciudadanía. Pero para ello es imprescindible contar con un texto legal eficaz y, sobre todo, con un sistema de tributación jurídicamente impecable, previsible y, sobre todo, sencillo.