El Ejecutivo se resiste a ampliar un plazo que termina el 30 de noviembre

Los asesores fiscales presionan a Hacienda para prorrogar la amnistía

Las notas aclaratorias sobre la amnistía fiscal emitidas por la Dirección General de Tributos no han impedido que los asesores fiscales clamen por prorrogar un proceso que, según indican, genera todavía muchas incertidumbres y dudas entre los despachos. Hacienda rechazó ayer esa posibilidad, aunque no cesa en su ofensiva para convencer a los contribuyentes de las ventajas de acogerse a la amnistía fiscal.

La idea de que la amnistía fiscal aprobada en marzo por el Ejecutivo será un rotundo fracaso y que Hacienda no logrará los 2.500 millones previstos está muy extendida. Sin embargo, resulta innegable que el proceso está levantando una gran expectación entre los despachos fiscales. Más de 400 profesionales acudieron ayer a una jornada sobre la amnistía fiscal organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y que contó con representantes de la Dirección General de Tributos. Los despachos fiscales deberán decidir en las próximas semanas si recomiendan a sus clientes con rentas irregulares acogerse a la amnistía fiscal.

Y, por lo visto ayer, las incertidumbres ganan a las certezas. Por ello, Aedaf reclama con insistencia una prórroga del proceso de amnistía fiscal, que concluye el próximo 30 de noviembre. De momento, la respuesta es un no sin paliativos. En cualquier caso, Hacienda sabe que precisa los 2.500 millones previstos por la amnistía y, hasta junio, solo había recaudado unos 50 millones. Por ello, trata por todos los medios de generar confianza y, a la vez, temor con las nueva ley contra el fraude que, a partir de 2013, obligará a los contribuyentes a informar de rentas e inmuebles en el extranjero y, además las rentas no declaradas no prescribirán. En el juego del palo y la zanahoria, Tributos optó ayer por la zanahoria. Caridad Gómez-Mourelo, inspector de Hacienda de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública, insistió en que la declaración de la amnistía tiene carácter reservado y no se utilizará para determinar los planes de control tributario. Es decir, el contribuyente que se acoja a la amnistía no recibirá por este motivo más controles en el futuro. Aunque tampoco puede sentirse inmune en la medida en que ese declarante sí que podrá ser objeto de inspecciones no relacionados ni originadas por su adhesión a la amnistía. La representante de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública apuntó que, en este supuesto, es previsible que los inspectores puedan acceder a los datos presentados en la declaración tributaria especial.

Gómez-Mourelo inició su intervención tranquilizando a los asesores al asegurar que las rentas irregulares procedentes de negocios legales no podrán derivar en un delito por blanqueo de capitales, uno de los asuntos que, en un primer momento, más preocupó a los despachos. Un temor justificado si se atiende a la legislación actual. Precisamente el Ejecutivo tiene pendiente una modificación del Código Penal en el Congreso para despejar cualquier duda.

El afán del Gobierno para lograr que la amnistía tenga éxito ha llevado a la Dirección General de Tributos a publicar dos informes, uno en junio y otro dos semanas atrás, donde se aclaran las dudas de los contribuyentes y se indica la interpretación que hará la Agencia Tributaria del real decreto de la amnistía. Sin embargo, los asesores temen que un inspector pueda aplicar su propia interpretación cuando revise o inspeccione a un contribuyente. El subdirector general del IRPF, Manuel de Miguel Monterrubio, aseguró que ello no sucederá.