La indemnización en el sector es cinco veces superior a la media del país

Despidos de oro en la banca pese a la reforma laboral

Incluso en los procesos de ajuste, la banca se ha caracterizado por registrar una mínima conflictividad laboral gracias, en parte, a las generosas compensaciones que pacta con sus trabajadores. Pese a las ayudas públicas recibidas por el sector, y aunque la reforma laboral facilita las salidas por 20 días de salario por año trabajado, las entidades siguen pagando 45 días más primas adicioanles. La indemnización en banca es hoy la más alta del país, unos 44.556 euros por afectado, frente a los 9.150 que cobra el despedido medio.

La banca se ha caracterizado por ser un sector con una mínima conflictividad laboral incluso en los procesos de ajuste, en los que impera llegar a acuerdo con los representantes sindicales mediante generosas indemnizaciones. Un método engrasado, en muchos casos, gracias a las ayudas públicas que ha recibido el sector. Aunque la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado febrero ha endurecido las condiciones de despido, imponiendo la salida con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, lo cierto es que las entidades financieras siguen destacando por suavizar los recortes de plantilla. Los 45 días por año de servicio, con tope en 42 mensualidades, que regían el despido exprés, ya no son la tónica generalizada en el sector, pero el despido en banca sigue siendo el mejor pagado del país. Un empleado de actividades financieras o de seguros recibe hoy una indemnización media de unos 44.556 euros, casi cinco veces más que los 9.150 euros que se lleva un trabajador medio. Las diferencias llegaron a ser astronómicas durante el proceso de reordenación de las cajas de ahorros cuando cada despedido del sector percibió una media de 128.211 euros. Doce veces más que cualquier otro. Estos son algunos ejemplos de los planes de reducción de plantilla ejecutados:

Unnim (BBVA)

El último proceso de ajuste aprobado, la pasada semana, es el que Bruselas impuso a Unnim tras su absorción por parte de BBVA, que la adquirió por un euro y bajo un esquema de protección de pérdidas. De las 1.169 salidas pactadas, se prevé que 569 se conviertan en recolocaciones dentro del grupo. Para los 600 afectados restantes, no obstante, se ha diseñado un programa de prejubilaciones, excedencias y bajas incentivadas. La indemnización normal será de 35 días por año trabajado más una prima adicional, equiparable a un mes extra de salario por cada tres años en la empresa. BBVA, sin embargo, llega a ofrecer 50 días de sueldo por año trabajado y una prima de 100.000 euros para aquellos empleados de entre 50 y 52 años con más de 10 ejercicios en la entidad.

CAM (Sabadell)

Apenas una semana antes de que se resolviera la negociación de Unnim, Sabadell llegó a un acuerdo similar con los representantes de la CAM, sobre la que la Unión Europea también había impuesto un fuerte ajuste para compensar las ayudas recibidas en su adquisición. Se traducirá en la salida de 1.250 personas, 599 de ellas por la vía de las prejubilaciones (con montantes de hasta 250.000 euros). Para el resto se fijaron compensaciones de 35 días por año trabajado más una prima de hasta 15.000 euros, con un tope máximo en 150.000 euros.

Banca Cívica (Caixabank)

CaixaBank, por su parte, impuso un proceso de ajuste de plantilla a Banca Cívica como condición previa a su absorción. La reestructuración, anunciada en mayo, supone la salida de 1.453 empleados, de los que 487 serán prejubilados. Para las salidas voluntarias se puso sobre la mesa una indemnización de 45 días de sueldo por año en la empresa (incluyendo retribuciones en especie y pagas variables) con un máximo de 300.000 euros. A esta regla se le añadiría una prima adicional de entre 10.000 y 30.000 euros en función de la antigüedad. Para los trabajadores de entre 50 y 54 años, dicho extra ascendía a 100.000 euros. Incluso para los no voluntarios, la compensación fue superior a la habitual en otros sectores, con 35 días por año y 24 mensualidades.

Bankia y las cajas

Las estadísticas oficiales aun no recogen el impacto de estos últimos procesos de ajuste de plantilla pero es de prever que vuelvan a elevar al alza la indemnización media por despido en el sector. Estas alcanzaron cotas históricas el pasado año como consecuencia de los planes de reestructuración que llevaron a cabo las cajas de ahorros, apoyadas con dinero del FROB. El de Bankia es un caso paradigmático, tanto por el volumen de afectados, las ayudas recibidas, como por el devenir mismo de la entidad, en el que las compensaciones superaron la ya de por sí alta media del sector. La unión de siete firmas, encabezada por Caja Madrid y Bancaja, se fraguó con la salida de unos 3.700 empleados. Además de la tradicional ronda de prejubilaciones, la entidad pagó 46 días por año trabajado más una prima de hasta 30.000 euros. La mayoría de cajas adoptaron sistemas similares con una indemnización de 45 días por año.

Prejubilaciones a medida desde los 53 años

Bajas indemnizadas aparte, el método tradicional de ajuste en la banca se ha basado en la figura, apenas regulada en España, de las prejubilaciones. La elevada edad media de sus trabajadores ha hecho que la banca optara en muchos casos por enviar a algunos de ellos a casa, pagándoles buena parte de su salario, hasta que pueden acceder a su pensión de jubilación. Aunque esta vía solía reservarse a los empleados cercanos a los 60 años, la contundencia de los últimos ajustes ha ido obligando a rebajar la edad de los afectados. Si en la ronda de despidos de las cajas ya se ofreció este camino a los empleados de 55 años o más, en el proceso más reciente, el de Unnim, se ha impuesto desde los 53 años. Sus prejubilados cobrarán un 75% de su sueldo bruto hasta los 64 años, o el 70% si no pueden acceder a la pensión hasta los 65 años.

Hasta que la llamada "enmienda Telefónica" lo impidió, la mayoría de las cajas aprovechó el vacío legal para enviar a sus empleados al desempleo durante los dos primeros años. Las grandes empresas con beneficios deben cubrir ahora una parte de esta factura pública. El bufete de abogados Sagardoy calcula que las cajas pagaron de media 300.000 euros por prejubilado. Al Estado le costaron otros 54.700 euros cada uno.