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Próximos 30 y 31 de enero

José María Ruiz-Mateos Rivero, a juicio por presunta estafa

El Juzgado de Primera Instancia de Reus ha señalado para los próximos 30 y 31 de enero la apertura de juicio oral al que asistirá como acusado, entre otros, el ex consejero de Nueva Rumasa José María Ruiz-Mateos Rivero (hijo de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero).

Los hechos que se juzgan, afirma la fiscalía, son constitutivos de "un delito de estafa" y de "un delito continuado de falsedad en documento mercantil". De acuerdo con el escrito del fiscal, documento al que ha accedido Cinco Días, durante los años 1998 y 1999 la empresa cárnica Prograsa mantenía relaciones comerciales con la sociedad Nueva Comarcal de Reus.

A finales de 1998 las compañías dispusieron que el pago de las materias primas que Nueva Comarcal de Reus recibía de Prograsa se realizara mediante pagarés aportados por Hibramer, de Nueva Rumasa. Pero los días en los que vencían esos pagarés el banco los iba devolviendo. Prograsa, asesorada por el despacho García-Coca, demandó a Nueva Comarcal de Reus y a Hibramer.

Según el documento de la fiscalía, los acusados, "puestos de común acuerdo y con la intención de lograr un beneficio económico en perjuicio ajeno, crearon ante Prograsa, empresa proveedora, la falsa apariencia" de que Nueva Comarcal de Reus era solvente, "dado que sus deudas estaban avaladas por Hibramer, entidadmercantil filial del holding empresarial Nueva Rumasa, aprovechando el prestigio empresarial que esta última representaba". El hijo de Ruiz-Mateos "ofreció avalar las operaciones mercantiles", dice la fiscalía, "con la ilícita finalidad de no terminar saldando la deuda contraída con Prograsa". Los acusados "concertaron en falsificar la firma del que figuraba como avalista en los pagarés emitidos y así poder repeler las reclamaciones de pago correspondientes".

Indultado

Antonio Solís, apoderado de Nueva Comarcal de Reus, acusado junto al hijo de Ruiz-Mateos de supuesta estafa, fue indultado por el Gobierno el 25 demayo de un delito de insolvencia punible, a la pena de dos años y seis meses de prisión, por hechos cometidos en 1999.

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