Editorial

Mano firme contra las redes ilegales

La operación Emperador, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se saldó ayer con la caída de la mayor trama de blanqueo de capitales y fraude fiscal detectada hasta ahora en España. La operación, focalizada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, el mayor centro comercial de productos chinos de Europa, ha sacado a la luz una enorme trama delictiva que importaba y comercializaba productos del país asiático de forma irregular y mantenía negocios relacionados con la extorsión y la prostitución. El grueso de presuntos delitos atribuidos a la red incluye fraude fiscal por valor de cientos de millones de euros y blanqueo masivo de capitales. Pese a que la mayor parte de los detenidos son chinos, en la lista figuran también nombres españoles, como el del concejal socialista de Seguridad Ciudadana del municipio de Fuenlabrada, José Borras, una circunstancia que conecta la trama -una vez más y lamentablemente- con el ámbito de la corrupción política.

Las operaciones de importación ilegal de la red china desmantelada en Fuenlabrada permitían distribuir productos a un precio muy inferior al del mercado a diferentes comercios de toda España. Un lucrativo negocio que se complementaba con actividades de blanqueo a través de distintos paraísos fiscales, así como de movimiento ilegal de dinero en metálico fuera de las fronteras españolas. A la espera de que se vayan desvelando más detalles de la investigación, la operación Emperador constituye un golpe certero y firme contra la aparente impunidad con la que en los últimos años se han instalado en España redes de actividad ilegal. No en vano, la fecunda proliferación de numerosos comercios chinos nutridos de productos a precios extraordinariamente competitivos se explican no solo por el tesón y la reconocida capacidad de trabajo de esta comunidad de inmigrantes, sino también por la efectividad del tráfico oscuro de bienes y productos.

La trama destapada ayer no se limita a la delincuencia común, sino también a delitos de guante blanco, como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. A esa faceta económico-penal, cuyo impacto sobre la Hacienda pública española en estos momentos es de extraordinaria gravedad, hay que sumar la perniciosa distorsión de la competencia que las actividades de importación irregular suponen para el pequeño comercio en España, incapaz de hacer frente a unos precios que rompen el mercado. Por todos estos factores, la operación llevada a cabo debe convertirse en el precedente de una actuación más firme y decidida contra este tipo de delincuencia, cuya sofisticación hace necesario dotar a las fuerzas de seguridad de los medios y herramientas necesarios para ponerle coto.