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Augura que los números rojos cerrarán el año en torno al 6,7% del PIB

El Gobierno prevé que el déficit supere el objetivo en unas cuantas décimas

El Gobierno de Mariano Rajoy da por hecho que el objetivo de déficit comprometido con Bruselas este año del 6,3% se sobrepasará unas pocas décimas. Moncloa, que todavía no ha decidido si revalorizará las pensiones, considera que Bruselas no penalizará este mínimo desvío.

Los altos cargos del Gobierno repiten una y otra vez que España cumplirá el objetivo de déficit en contra de la opinión mayoritaria de analistas. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo ya dan por descontado que existirá una desviación pero muy inferior a lo que apuntan los servicios de estudios. Así, prevén que los números rojos se muevan entre el 6,7% y el 6,8% frente al objetivo comprometido con Bruselas del 6,3%.

La cuestión que todavía resta por dilucidar es si el Gobierno revalorizará las pensiones con el dato de inflación de noviembre. Si la decisión dependiera solo de la senda de consolidación fiscal, el Ejecutivo rechazaría esa medida que tendría un coste de 2.500 millones para este año, que equivale al 0,2% del PIB. Además, como advirtió el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, esos 2.500 millones se consolidarían para los ejercicios siguientes.

A pesar de todos estos argumentos a favor de no revalorizar las pensiones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, teme el coste político de tal decisión y apurará las opciones de cumplir sus compromisos electorales.

Fuentes del Gobierno confían en que las autoridades comunitarias -y los mercados- no penalizarán a España en el caso de una mínima desviación en el objetivo de déficit. ¿Por qué creen esto? Porque la mayoría de países de la UE que actualmente tienen abierto un expediente por déficit excesivo incumplirán con creces sus respectivos límites.

Por otra parte, el Ejecutivo también entiende que en julio ya realizó un esfuerzo importante al incrementar tres puntos el tipo general del IVA, del 18% al 21%, y dos puntos, del 8% al 10%, el gravamen reducido. Sin las medidas adoptadas en verano, Moncloa sostiene que el déficit se hubiera ido al 7,5%. El FMI, por su parte, estima que los números rojos alcanzarán el 7%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, rechazó ayer esas previsiones, "que no están escritas en bronce", y mantuvo que el Gobierno cumplirá el objetivo de estabilidad.

El aumento del IVA, que entró en vigor el primero de septiembre, tendrá un impacto recaudatorio este año de 2.255 millones y el incremento de los pagos fracciones que pagan las grandes empresas y la supresión o limitación de beneficios fiscales supondrá 2.585 millones adicionales para las arcas públicas. Ambas medidas resultan vitales para que España, por primera vez desde 2008, cierre el año cerca del objetivo de déficit.

En cualquier caso, los esfuerzos fiscales se mantendrán durante los próximos ejercicios. Para 2013, el déficit del conjunto del sector público no podrá pasar el 4,5% del PIB, lo que implica un ajuste superior a los 20.000 millones de euros en caso de que se cumplan las previsiones del Ejecutivo y el déficit en 2011 se sitúe en torno al 6,7% del PIB.

La necesidad de proseguir con los ajustes explica la decisión del Gobierno de reformar el mecanismo que determina el porcentaje de aumento de las pensiones y que actualmente se establece con el dato de inflación de noviembre. El Ejecutivo baraja vincular la revalorización a otro indicador más estable y que evite desvíos del gasto imprevistos. La Comisión del Pacto de Toledo estudiará propuestas como la de tomar como referencia la inflación subyacente, indicador que no tiene en cuenta la evolución de precios de la gasolina, de los alimentos frescos ni los efectos de los incrementos impositivos. Desde Bruselas se presiona para que se adopte una medida en este sentido que, en caso de que España exigiera el rescate, se convertiría en un imperativo.

El Ejecutivo también tiene en agenda la aprobación de los llamados impuestos verde y la puesta en marcha de una tasa sobre las operaciones bursátiles similar a la que se aprobó en agosto en Francia.

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