Rajoy logra el apoyo regional para bajar el déficit a cambio de un nuevo reparto
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, consiguió sofocar ayer la rebelión autonómica al comprometerse a ampliarles el objetivo de déficit. Ese acuerdo, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2014 para evitar que vuelvan a producirse tensiones en los mercados financieros.
La presión de las comunidades autónomas finalmente no ha surtido efecto. La rebelión liderada por las comunidades autónomas del PSOE y seguida por otras del PP fue finalmente sofocada tras la reunión que mantuvo el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con los 17 presidentes autonómicos. Todos expresaron su disconformidad con el reparto de los objetivos de déficit para este año tras la concesión de un punto adicional por parte de la Comisión Europea. Ese punto se lo quedó en exclusiva el Estado, lo que provocó la queja masiva de las comunidades autónomas, de distinto signo político, por un trato que consideraban discriminatorio
Esa misma reivindicación la volvieron a realizar ayer y la respuesta que obtuvieron les dejó algo más satisfechas que en anteriores ocasiones. Rajoy trató de apagar el incendio comprometiéndose a negociar el reparto del objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea, aunque la propuesta presentada ayer tiene bastante puntos oscuros. La nueva distribución de los objetivos de déficit se trataría en los Consejos de Política Fiscal y Financiera en 2013 y no entraría en vigor hasta 2014. Un margen de tiempo excesivamente largo para unas autonomías asfixiadas por la caída de los ingresos y por el cierre de los mercados financieros, lo que les obliga a depender en exclusiva de los fondos que ponga a su disposición el Estado central.
De este modo, el reparto del déficit para 2013 se mantiene invariable. La diferencia entre ingresos y gasto deberá llegar al 4,5% del PIB, tal y como se han comprometido con Bruselas, y gran parte de ese déficit se lo reserva el Estado (3,8%), mientras que las autonomías van a permanecer con un exiguo 0,7%. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado mes de julio, muchas comunidades pusieron el grito en el cielo al considerar inasumibles esas condiciones financieras (la deuda viva de las comunidades no podrá superar el 16% del PIB en 2013 cuando en el segundo trimestre de este año ya supera el 14%). El presidente andaluz, José Antonio Griñán, alertó que ese techo le supondría una merma de 2.735 millones y le obligaría si no había rectificación "a cerrar 19 hospitales, o 2.000 colegios o al despido de uno de cada cuatro empleados públicos, hasta 60.000".
La propuesta planteada por el Ejecutivo establece que los cambios en el reparto del déficit entrarían en vigor en 2014. Para esa fecha, el conjunto de las Administraciones públicas ya estarían por debajo del máximo del 3% fijado por Bruselas (un 2,8%) y el reparto estipulado en los Presupuestos es el siguiente: 2,7 puntos para el Estado y 0,1 para las comunidades autónomas. Cada décima de más que arañen las autonomías supondría una inyección de 1.000 millones que podrían destinar a cubrir nóminas o gasto corriente. La principal queja de las comunidades autónomas se refiere a que son a las que menor margen de déficit se les permite cuando son las administraciones que tienen que asumir el coste de todos los servicios básicos, como educación, sanidad o servicios sociales. En algunos casos, como Madrid, estas partidas se llevan el 60% del Presupuesto.
El documento consensuado con todas las comunidades subraya la necesidad de fomentar una economía más competitiva, intensificar la colaboración entre Administraciones para impulsar reformas que faciliten el desarrollo económico y dinamicen el tejido productivo español.
Todas las Administraciones piden asimismo a la UE que apueste por políticas orientadas a la creación de empleo y que, en los próximos presupuestos, otorgue fondos suficientes a la Política Agrícola Común y a los fondos de cohesión, atendiendo en especial a las regiones en transición y ultraperiféricas. También exigen el soporte del BCE para sortear las tensiones financieras que persisten desde hace dos años.
Cataluña deja de lado sus demandas
Mariano Rajoy calificó de "positivo" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no sacase sus reivindicaciones independentistas en la Conferencia de Presidentes y hablase únicamente de los problemas económicos de su autonomía. Durante la rueda de prensa posterior a la cita, el presidente de Gobierno agradeció que todos los barones autonómicos centrasen sus intervenciones en la crisis y no hablasen del modelo de Estado.
