Los frutos del plan antifraude
Malos tiempos para los defraudadores tras la implantación del nuevo plan de control tributario. El autor analiza los resultados de las medidas, que invitan al optimismo
Se acercan muy malos tiempos para los defraudadores pues desde el pasado 8 de agosto de este año se están tramitando en el Congreso de los Diputados dos proyectos de ley. El primero de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, así como de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal, y por el que entre otros temas de interés se crearía un tipo agravado para el delito de defraudación tributaria, incrementándose la pena hasta los seis años, ampliándose además el plazo de prescripción hasta los 10 años, en línea con lo que hemos defendido también nosotros recientemente (El delito de defraudación tributaria tras la reforma del Código Penal por la LO 5/2010. Aranzadi, 2012).
Así, en lo que a la esfera propiamente tributaria se refiere, tras la aprobación de las directrices generales del Plan General de Control Tributario y Aduanero para el año 2012, se han intensificado las actuaciones inspectoras y de comprobación. Así, sobre los tradicionales nichos que constituyen un caldo de cultivo de la denominada economía sumergida se ha puesto ahora el acento en distintos medios de control del riesgo fiscal, como son los datos de consumo de energía eléctrica para aflorar rendimientos de capital inmobiliario no declarados en el IRPF, en la declaración informativa sobre terminales de crédito o en aquellas operaciones en efectivo de elevado importe u otros signos externos de riqueza incongruentes con el tren de vida del contribuyente.
Del informe de la AEAT recientemente publicado que revela los resultados recaudatorios de este año 2012 cabe inferir que las medidas del control fiscal adoptadas en estos últimos meses ya están dando sus frutos, resultando extraordinariamente eficaces para aflorar rentas ocultas. Y en esta misma línea, la directora general de la AEAT ha presentado, a modo de avance, los resultados recaudatorios en los siete primeros meses de julio, revelando que la cantidad recaudada asciende a 6.415 millones de euros (0,6% PIB), lo que representa un 15,13% más con respecto al mismo periodo de 2011, y un 25 % más de la cifra estimada y recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Llama por ello la atención que junto a las medidas de consolidación fiscal introducidas a finales del año pasado (subida de los tipos de gravamen en el IRPF o sobre las labores del tabaco) y que han aportado una recaudación extra de 1.963 millones de euros (datos del primer semestre del año 2012), han de añadirse ahora los buenos datos de recaudación derivados de actuaciones de control que ascienden a más de 4.500 millones de euros, incrementándose un 33,7 % más con respecto a las cifras obtenidas del año pasado.
Estos buenos resultados tienen su origen reciente en la puesta en marcha de un inteligente proceso no solo de persecución sino también de prevención del fraude fiscal. Se encuentra además pendiente de aprobación por el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude y en el que recoge un importante paquete de medidas para combatir el fraude fiscal en distintos sectores económicos que son tradicionalmente potenciales de riesgo para la recaudación tributaria. Junto a este extenso bloque de actuaciones para la prevención del fraude, entre los que se encuentra el conocido límite para pagos en efectivo en operaciones con importe superior a 2.500 euros, entendemos que podría también estudiarse la posibilidad de someter preferentemente a un plan de inspección sobre aquellos contribuyentes que declaren en los dos últimos ejercicios gastos deducibles muy por encima de lo que corresponde a la media de su sector económico. También consideramos interesante la obligación con carácter general en el ámbito de las personas jurídicas de practicar retención en el desarrollo ordinario de su actividad empresarial. Se trataría en consecuencia de realizar las modificaciones pertinentes en la Ley del Impuesto sobre Sociedades con el fin de establecer ex novo una retención para las personas jurídicas que realicen operaciones económicas con otras entidades jurídicas o empresarios y profesionales, o bien, en su defecto, reducir el umbral mínimo del importe de las operaciones que deben declararse en el modelo 347 (que actualmente es para importes superiores a 3.005,06 euros).
En esta línea de intensificar las líneas de colaboración entre la Administración y los contribuyentes podrían generalizarse los programas de asistencia al administrado con el fin de favorecer el cumplimiento voluntario de las declaraciones tributarias (en esta línea, ha de subrayarse la excusa absolutoria de exoneración penal que se encuentra vigente para aquellos contribuyentes de IRPF, IS e IRNR que regularicen su situación tributaria antes del 30 de noviembre de 2012, sometiéndose a un gravamen del 10% sobre el importe reflejado en una declaración tributaria especial), así como mejorar los canales de información entre las empresas y la Administración, a través de la obtención online de información tributaria personalizada con contestaciones ágiles, así como la formulación de consultas a la Administración sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad o importancia económica con una reducción considerable en los tiempos de espera (que hasta ahora es de seis meses).
Asimismo y en línea con la apuesta clara del actual Gobierno de combatir enérgicamente el fraude fiscal se enmarcaría la nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero que incorpora el citado proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude, y que pretende aflorar aquellas rentas y patrimonios ocultos que no han sido declarados a través del proceso de regularización fiscal citado.
En conclusión, los datos publicados por la AEAT invitan al optimismo y avalan las medidas de control tributario adoptadas en estos últimos meses en aras de que el peso de la recaudación no incida siempre en los asalariados, sino que se extienda también a otros sectores potencialmente generadores de economía sumergida, haciendo suyo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de hace ya más de 20 años sobre la importancia de que los contribuyentes cumplan de forma puntual con el deber de contribuir a las cargas públicas en aras de evitar que lo que "no paguen unos, lo tengan que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar ".
Pablo Chico de la Cámara. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos