España concesional: seguir siendo referente
El desarrollo de las infraestructuras en España (carreteras, ferrocarriles, etc.) mediante esquemas concesionales ha sido un éxito que ha convertido al país en una buena referencia internacional. Un ejemplo reciente es la ley de 2011, de participación público-privada de Uruguay, basada en nuestra legislación.
Sin embargo, la difícil situación por la que están atravesando hoy ciertas concesiones, especialmente de autopistas de peaje, está dando lugar a que por algunos se cuestione e incluso se llegue a afirmar el fracaso de esta figura.
Las Administraciones, conscientes del contexto, y a pesar de sus propias dificultades, han adoptado y estudian diversas medidas que, entre otras cosas, deben contemplar la necesidad evidente y apremiante de reducir los gastos y aumentar los ingresos públicos. Los incrementos de las tarifas de usuario o la transformación de peajes en sombra en peajes a la vista son solo un par de ejemplos. Pero seguir siendo una buena referencia dependerá de cómo se articulen aquellas específicamente.
Toda medida legislativa o actuación administrativa habrá de diseñarse en términos compatibles con la viabilidad del modelo concesional a largo plazo, los derechos de los interesados (bancos, operadores, usuarios, etc.) y, en definitiva, la continuidad futura de las inversiones en infraestructuras, aprendiendo, eso sí, de los errores del pasado. La hoja de ruta de cualquier decisión pública en este sentido parece requerir, al menos, un análisis individualizado de su impacto en los respectivos contratos; en caso de alteración de los términos adjudicados, una configuración de alternativas de reequilibrio en función de las condiciones de explotación y financiación y de su régimen jurídico, sacando el máximo partido a la amplitud con que se definen estas medidas; y contar con el concesionario durante el proceso para agilizarlo, reforzar la viabilidad de cualquier actuación y evitar incertidumbres que generen desconfianzas gratuitas en los inversores y, por tanto, mayores costes para todos.
De esta manera, a pesar de la coyuntura, España podrá seguir siendo una referencia internacional en modelos concesionales para la construcción y explotación de obras públicas y continuar beneficiándose de la inversión extranjera en la financiación y refinanciación de nuestras infraestructuras. El valor del modelo es una realidad. Noticias recientes (pocas aún, es cierto) de posibles adquisiciones en el mercado secundario de concesiones respaldadas por fondos de inversión extranjeros dan prueba de ello. Mantenerlo, además de ser conforme a derecho, beneficia a todos.
Jorge Aguirregomezcorta. Socio del área de Infraestructuras de KPMG Abogados