Inevitable tijeretazo a la obra pública
La extrema dureza de la coyuntura económica que España vive en estos momentos no permite excepciones ni mantiene plazas fuertes intactas. En ese escenario de férrea austeridad se enmarca la política que inevitablemente marcará las partidas presupuestarias del Estado de cara a 2013. El Ministerio de Fomento cierra estos días, como otros departamentos, el ajuste de gasto que imprimirá a sus cuentas el año próximo. Un tijeretazo que en el caso del sector de las infraestructuras supondrá una caída de inversión pública de entre un 15% y un 17%. El panorama es sombrío, pero más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de las partidas de gasto que se mantienen irán destinadas a proyectos que ya están en marcha, lo que implica que el número de nuevas licitaciones será reducido y excepcional. El mayor sacrificio recaerá sobre la red vial, que no solo deberá prescindir de nuevas obras, sino que probablemente tendrá que sufrir también recortes en el gasto destinado a mantenimiento y conservación. Dentro del sector ferroviario, solo la red de alta velocidad se escapa a la áspera poda presupuestaria. Con todo ello se esfuman buena parte de las esperanzas que el sector constructor español mantenía de cara al próximo año.
No solo el sector de las infraestructuras, sino el conjunto de las inversiones y del gasto público se verán recortados de forma drástica como única fórmula para cuadrar las cuentas del Estado y tratar de cumplir con los objetivos pactados con Bruselas. Como otros departamentos, los números de Fomento se han visto mermados por la doble obligación de abonar compromisos de gasto pendientes de pago y de presentar un presupuesto contenido y realista. A esa difícil ecuación se une la cruda sequía de crédito que aqueja al conjunto de la economía española y de la que no se escapa el sector de infraestructuras.
En ese escenario hay que encuadrar el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (Pitvi) que Fomento prevé presentar la semana próxima y que todo apunta a que no estará a la altura de las expectativas que la ministra Ana Pastor anunció en su momento: 250.000 millones de euros en proyectos hasta 2020 en forma de inversión pública y privada. Pese a que ello no es de extrañar, dada la baja rentabilidad que han arrojado hasta el momento las grandes infraestructuras del transporte, la escasez del crédito en un momento en el que la inversión privada se mueve con cuentagotas y las limitaciones presupuestarias del Estado constituye una mala noticia. Invertir en la mejora de la red de infraestructuras no solo es un conveniente balón de oxígeno para un sector en crisis, sino que supone mantener una ventaja competitiva vital de cara al futuro de la economía.
