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Los servicios sociales toman el relevo a la Dependencia

Expertos y responsables políticos explican cómo los recortes presupuestarios y los cambios de la Ley de Dependencia devolverán protagonismo a la red de servicios sociales

Los servicios sociales toman el relevo a la Dependencia
Los servicios sociales toman el relevo a la Dependencia

La Ley de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal se hizo precipitadamente por parte del PSOE para las elecciones de 2008 y después el Estado, lejos de ejercer el liderazgo que le correspondía, cedió toda su aplicación a las comunidades autónomas, lo que ha propiciado una implantación desigual tanto en el fondo como en la forma. Además, el estallido de la crisis, con los recortes presupuestarios, ha colapsado la ley, con 300.000 grandes dependientes en lista de espera. "Por eso, el Gobierno del PP no va a seguir con esta huida hacia adelante. Los cambios en esta materia requieren de mucho realismo y hay que aminorar la marcha de esta ley, así como centrarla en quienes más lo necesitan, que son los grandes dependientes en detrimento de los más leves". Este es el análisis que hace el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre la conocida por todos como Ley de Dependencia y los planes que el Gobierno tiene para esta norma.

De hecho, antes de que el sistema sufra un esperado e importante recorte presupuestario en 2013 -que se baraja en el entorno de los 300 millones de euros de un total de 1.400 millones-, el Gobierno ya empezó a introducir cambios desde abril pasado.

"Se ha simplificado la maraña administrativa, eliminando los nueve niveles de dependencia y limitando la evaluación de estas personas a tres grados; se ha mejorado la información de las comunidades con el Imserso porque había casos como el de Cataluña donde la incompatibilidad informática nos impedía conocer el número de dependientes que atienden, por ejemplo. Nos hemos hecho cargo de la evaluación del sistema, en lugar de continuar con evaluadores externos y hemos rebajado un 15% la cuantía de las ayudas a familiares", explica Moreno Bonilla. Los responsables políticos y expertos reunidos por CincoDías en colaboración con la Fundación Caser para la Dependencia coinciden en líneas generales con esta evaluación, pero también llaman la atención sobre los retos del Gobierno y las comunidades ante estas modificaciones legales para no dejar desasistidos a quienes dejen de ser beneficiarios de la Dependencia.

Listas de espera

Según los datos que baraja el director general del Imserso, César Antón, en la actualidad hay 1.015.000 beneficiarios reconocidos, de los que 775.025 cobran alguna prestación. Con los cambios introducidos en la ley, el nuevo baremo para evaluar a los dependientes que empezó a aplicarse en febrero "está reduciendo las listas de espera y se está centrado en la gran dependencia moderada y severa", indica Antón. Según estos planes, aquellos que quedarán fuera de la protección de esta ley serán algunos dependientes de grado 2 y, sobre todo, los más leves, de grado 1 (que suponen alrededor de 400.000 personas).

"El principio fundamental de las políticas sociales del Gobierno tiene que ser el de preservar al más vulnerable; en tiempo de escasez hay que priorizar los recursos y, por tanto, entre el dependiente moderado y el gran dependiente, priorizaremos sobre este último. Y esto se puede trasladar a cualquier otra faceta de los servicios sociales", insistió Moreno Bonilla.

El director de la Fundación Caser para la Dependencia, Juan Sitges, coincidió plenamente con los planes del Ejecutivo al asegurar que "no es tiempo para alcanzar imposibles, hay que ser responsables y ahora toca dar servicio a los grandes dependientes e intentar que esas 300.000 personas en lista de espera tengan los servicios que les correspondan".

En este punto, el director de la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), Enrique Galván, manifestó el temor de que "si ahora se recorta la protección de la dependencia, puede quedar un colectivo de discapacitados dependientes de grado 1 sin cobertura; y si también se recorta el presupuesto de los servicios sociales, quedarán descubiertos".

Por ello, Galván consideró que "los servicios sociales deberán ser lo suficientemente flexibles para cambiar el acento de la Ley de Dependencia" y derivar la protección a promover la autonomía personal y la inclusión social de los beneficiarios.

Moreno Bonilla respondió a esta preocupación al asegurar que los responsables políticos estarán "muy vigilantes" para que los servicios sociales den cobertura a los dependientes de grado 1.

Atención sociosanitaria

Todos los expertos que participaron en este encuentro coincidieron en la importancia de que este relevo de la Ley de Dependencia por parte de las redes autonómicas y locales de servicios sociales se haga de la forma adecuada.

En este sentido, Julio Sánchez Fierro, abogado de Lorenzo Abogados y miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, precisó que debería empezarse por "equilibrar y definir qué es dependencia y qué servicios sociales".

En su opinión, la Ley de Dependencia se hizo de forma "improvisada y a borbotones", por lo que "no ha habido criterios de coordinación en aspectos absolutamente básicos y no se han resuelto cuestiones fundamentales como la definición de una cartera de servicios mínima a financiar por las arcas públicas".

Si bien, César Antón apuntó respecto a esta última cuestión que los últimos cambios acordados por el Ejecutivo ya fijan dicha cartera de servicios financiables dentro de la Ley de Dependencia; y, es más, establecen incentivos para las comunidades que de forma progresiva opten más por la financiación de estos servicios en detrimento de las ayudas económicas a cuidadores familiares.

En cualquier caso, Sánchez Fierro criticó que la Ley de Dependencia, además de centrarse más de lo previsto en las ayudas a familiares en lugar de la prestación de servicios, como prevé la norma, también ha condenado al olvido a la red de servicios sociales previamente existente y, a su juicio, eficaz, y puso como ejemplo la desaparición del Plan Gerontológico Nacional".

Junto al creciente protagonismo que otorgan los expertos a la red de servicios sociales, todos incidieron en la importancia de establecer una mejor red de atención sociosanitaria. Esto último requerirá "muchísimos esfuerzos" de todos los agentes implicados, en opinión de Sitges.

"Discursos teóricos sobre la coordinación de los servicios sociales y sanitarios existen desde hace años -explicó Sánchez Fierro-, pero este Gobierno ha anunciado que buscará un pacto sociosanitario global porque, si no, se producirán duplicidades, o lo que es peor, peloteo (esto es, que el afectado sea enviado de la residencia al hospital y viceversa, constantemente)".

Para evitar esta situación, estos expertos abogan por la creación de equipos mixtos de servicios sociales y sanitarios, que no pueden ser teóricos si no de gestión de casos concretos, que tras analizar su situación consensúen dónde debe ser atendida esa persona y qué tipo de prestación debe recibir.

Colaboración público-privada

Dicho todo esto, el secretario de Estado de Servicios Sociales también puso sobre la mesa otros dos retos sobre los que ya está trabajando su departamento. "Hay que empezar a buscar fórmulas de colaboración público-privada absolutamente necesarias", expresó Moreno Bonilla. En esta materia, el sector empresarial español está "perfectamente preparado" y hay plazas residenciales "de sobra". En concreto, existe un excedente de unas 50.000 plazas según cifras que maneja el Gobierno.

Y, en segundo lugar, añadió que los ciudadanos "deberían empezar a valorar los servicios públicos, ser conscientes de lo que cuestan y, además, concienciarse de que debemos participar en el pago de dichos servicios. Es un criterio del que hay que empezar a hablar y hay que hacer más pedagogía y más didáctica".

En este terreno, el Gobierno ya ha dado el primer paso al regular el mínimo de capacidad económica, en función de la renta y el patrimonio, para cofinanciar los servicios de atención a los beneficiarios de dependencia en todas las regiones por igual.

Sanidad quiere tener listo el catálogo nacional en noviembre

l El Ministerio de Sanidad está ultimando estos días un catálogo nacional de servicios sociales, que espera tener listo en noviembre para poder enviarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Así lo adelantó el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien explicó que será un catálogo de servicios "común y homogéneo para el conjunto de las comunidades autónomas".

A este listado se ha llegado tras cinco meses de reuniones técnicas con los directores generales de esta materia de todas las regiones. "Está siendo muy complicado y hemos encontrado muchas reticencias, porque los ámbitos de actuación de cada comunidad en materia de atención social son muy dispares", añadió Moreno Bonilla. Ahora ya existe un acuerdo técnico y solo queda cerrar el pacto político con todas las autonomías.

l Una vez haya "cuajado" el catálogo nacional de servicios, este deberá converger con la cartera de atención sanitaria para crear de forma efectiva la red de atención sociosanitaria que demandan los expertos. Moreno Bonilla apeló a la colaboración de los profesionales de ambas áreas para que "abandonen los prejuicios y complejos" porque solo quienes interrelacionen entre ambas disciplinas "encontrarán un campo laboral mucho más amplio".

Además, el experto en derecho sanitario Julio Sánchez Fierro criticó que en la actualidad lo que existen son "personas que trabajan fugazmente en atención a la dependencia, que es un trabajo duro, temporal y en malas condiciones y esto hace que haya poca profesionalidad. Es necesario atraer a los profesionales al sistema y que se queden en él, que no lo tomen como un trabajo transitorio en espera de otro mejor. Algo en lo que coincidieron todos los expertos de este encuentro.

l Una tercera medida demandada por el sector y sobre la que Sanidad ya trabaja es la aprobación de un plan de promoción de la autonomía personal, para lograr el retraso efectivo del momento en el que se llega a ser dependiente, "que tarde o temprano llega para casi todos", según aseguró Juan Sitges.