El Consejo de Ministros aprueba la reforma del Código Penal

El administrador concursal podrá ser acusado de cohecho y malversación

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal, que incluye nuevas penas por delitos económicos. A partir de la reforma, se podrá acusar al administrador concursal por cohecho y malversación. También se endurecerán las penas por delitos contra la propiedad industrial y las condenas a los autores de incendios forestales.

El administrador concursal podrá ser acusado de cohecho y malversación
El administrador concursal podrá ser acusado de cohecho y malversación

Las posibles conductas ilícitas de los administradores concursales no quedarán impunes en la reforma del Código Penal que está preparando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Una vez que entre en vigor el nuevo texto, el administrador concursal podrá ser condenado por malversación y cohecho en el caso de haber presentado una conducta ilícita. El nuevo texto incluye una revisión del sistema penal para nuevas formas de delincuencia y delitos más graves.

Además de introducir la condena de prisión permanente revisable, hasta ahora inédita en el ordenamiento jurídico español, en los casos de homicidios terroristas, crímenes de lesa humanidad y de agresión sexual, el nuevo texto incluye cambios de calado por delitos económicos.

En este sentido, con las modificaciones diseñadas, se intenta perseguir de forma más eficaz los delitos de bancarrota y ofrecer una adecuada protección en los procedimientos judiciales y administrativos. Así, el informe al anteproyecto incluye la tipificación de las conductas que obstaculicen la ejecución y ocultación de bienes.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretende agilizar la ejecución de estas penas con el objetivo de proteger más a los acreedores. De hecho, la reforma prevé que pasen a ser tipificadas como delito patrimonial las conductas de abuso e infidelidad de los administradores de las empresas cuando causen un perjuicio económico.

También, quienes dispongan de fondos públicos de una manera desleal podrán ser acusados por malversación en línea con la Ley de Transparencia.

Por otro lado, se agravan los delitos contra la propiedad industrial. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere diferenciar entre la responsabilidad del importador y el distribuidor mayorista, para que en este último recaiga todo el peso de la ley mientras que en los minoristas y los establecimientos de venta al público se aminoran las cargas.

Para los responsables de los incendios forestales se endurecen las penas de prisión que llegan hasta los seis años frente a la pena de tres a cinco años que existía en la actualidad. El anteproyecto de ley de reforma del Código Penal especifica que si el territorio calcinado se trata de una reserva natural, entonces las penas podrán ser superiores, hasta alcanzar los nueve años.

La cifra

6-9 años de cárcel serán las penas que se apliquen a los autores de incendios forestales. Se alcanzará el máximo si el terreno calcinado está protegido.

Privatización del 50% de Cesce

La Compañía de Seguro de Crédito a la Exportación (Cesce), de titularidad estatal, iniciará este año un proceso de privatización del 50% de su capital.

Para ello, el Gobierno ha tenido que promulgar el Real Decreto-Ley 20/2012, por el que se suprime la restricción legal que existía hasta ahora y que obligaba al Estado a tener una posición mayoritaria en el capital de la compañía.

Tras este paso, se da entrada en la gestión del seguro de crédito a la exportación a un operador especializado, que aporte, además de una oferta adecuada, capacidades técnicas que permitan mejorar la eficiencia de la gestión.

El acuerdo atribuye a SEPI la condición de agente gestor de la privatización para ejecutar el proceso tras un convenio con Patrimonio.