La 'low cost' alega que solo se atiene a la legislación aérea irlandesa

Cerco de Gobierno y jueces para que Ryanair cumpla las leyes españolas

Fomento y la Audiencia Nacional dan una vuelta de tuerca a su pugna con la aerolínea que más pasajeros transporta en España: Ryanair. Ana Pastor promoverá la modificación de la supervisión de la seguridad en la UE sobre operaciones de compañías extranjeras. La Audiencia ratificó una multa a la low cost. Ambas acciones ponen cerco a la actitud de Ryanair, que alega estar sujeta solo a leyes irlandesas.

Cerco de Gobierno y jueces para que Ryanair cumpla las leyes españolas
Cerco de Gobierno y jueces para que Ryanair cumpla las leyes españolas

La ministra de Fomento, Ana Pastor, fue escrupulosa ayer al anunciar que el Gobierno español va a promover la modificación del reglamento comunitario para que las autoridades de supervisión nacionales puedan ampliar sus competencias sobre las compañías aéreas extranjeras de fuerte implantación en su territorio. Aunque el aviso iba especialmente dedicado a la aerolínea irlandesa Ryanair, que en la última década se ha convertido en el mayor transportista aéreo en España, al transportar a 30 millones de pasajeros el pasado año, Pastor se cuidó de no mencionar su nombre.

La ministra indicó también que su departamento va a impulsar otras medidas como la modificación de la Ley de Seguridad Aérea en cuanto a tipificación y cuantía de las sanciones, de forma que "el régimen sancionador va a endurecerse", ha añadido Pastor.

Ambas medidas forman parte de la ofensiva que desde diversas instancias administrativas, judiciales y asociativas se ha emprendido para conseguir que la empresa aérea de bajos costes con mayor éxito en Europa se avenga a someterse a la disciplina de las autoridades aéreas y aeroportuarias españolas. La compañía irlandesa se caracteriza por su política de llevar hasta al límite su principio de reducción de costes y ello ha chocado en múltiples ocasiones durante los últimos años con las normativas que se aplican en el negocio aéreo en España y también en otros

"En España, que es nuestro país, quiero garantizarles que puede haber precios bajos, lo que ahora todo el mundo dice low cost, pero que este país nunca va a permitir que haya low seguridad", aseguró con contundencia Ana Pastor durante su comparecencia de ayer.

Los incidentes aéreos en relación con la limitación en la carga de combustible o la despresurización de la cabina de un avión, han venido a ahondar la diferencias entre la empresa irlandesa y las autoridades españolas y el sector aéreo español.

Fomento, Aena, las patronales de la aerolíneas, los sindicatos y las asociaciones de defensa de los consumidores ya habían pugnado con anterioridad con la low cost. Los puntos de litigio han sido múltiples: desde la agresiva política de exigencia de subvenciones a las ciudades de destino, la afiliación de los miembros de su plantilla en Irlanda, la exigencia de pasaporte para viajeros menores o la negativa a aceptar como equipaje de mano objetos y productos adquiridos en las tiendas de los aeropuertos.

De manera reiterada, Ryanair ha alegado en todos estos casos que es una compañía irlandesa y que, por lo tanto, solo está obligada a atenerse a lo que dicta la legislación aérea de aquel país.

En este sentido, ayer Ana Pastor precisó que las medidas que Fomento pone en marcha "en ningún caso" se justifican porque se desconfíe de la capacidad y rigor de en la inspección de las autoridades irlandesas. æscaron;nicamente tratamos de lograr "mayor operatividad" y que la autoridad nacional "pueda tener mayor competencia".

Amenaza

Retracto por burofax

Ryanair ha amenazado de nuevo a Facua con llevarla a los tribunales a través de un burofax enviado el pasado viernes 7 de septiembre. En él la aerolínea instaba a la asociación a retractarse del contenido del comunicado que emitió el 5 de septiembre sobre las irregularidades de la compañía. Facua emitió el comunicado tras conocerse que un avión de la compañía irlandesa solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Lanzarote.

La Guardia Civil puede ir armada en los vuelos

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 4.500 euros impuesta a Ryanair por AESA (la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) por impedir volar en uno de sus aviones hace dos años a un sargento de la Guardia Civil en servicio y que, por tanto, portaba su arma reglamentaria. El tribunal recuerda en su sentencia que el reglamento comunitario reconoce la competencia de cada Estado para imponer sus normas.

La aerolínea irlandesa alegó en su defensa su competencia exclusiva sobre seguridad, a lo que ahora la Audiencia Nacional contesta destacando que el artículo 12 del citado reglamento dicta que los Estados establecen las normas y reglamentos de circulación aérea que deben cumplir las aeronaves que sobrevuelen sus territorios, con independencia de la nacionalidad del operador.

Los hechos sucedieron el 25 de junio de 2010, en el aeropuerto de Madrid, cuando a un pasajero de un vuelo doméstico que se identificó como sargento de la Guardia Civil en comisión de servicio se le negó la entrada a la nave por portar un arma. La sentencia acredita que el agente cumplía "todos los requisitos legalmente exigibles" para llevarla.

Tras ser sancionada el pasado año, ahora el magistrado del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 11 ha rechazado el recurso presentado por Ryanair al considerar que la compañía cometió una infracción contra la Ley de Seguridad Aérea.

El Programa Nacional de Seguridad Aérea establece que "de la obligación de portar sus armas en bodega se excluye al personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se desplacen en comisión de servicio.