TRIBUNA

Batería de reformas para los profesionales

Las medidas que el Gobierno anuncia cada día dejan constancia y prueba palpable de la grave situación económica de este país. Nunca un Gobierno ha tenido que hacer en tan poco tiempo unas reformas que no son indiferentes a nadie. Está claro que la crisis ha afectado a todas las clases sociales, evidentemente siempre el grado de daño no es equiparable entre las rentas más altas y las más bajas, pero a día de hoy, podemos afirmar que la crisis la estamos sufriendo todos los españoles.

Empresarios, trabajadores, funcionarios, desempleados y hasta los turistas que ponen su pie en suelo español sufrirán la crisis con la subida del IVA.

Lo malo de esta situación es que parece que no se acaba, los reajustes y la continúa modificación de leyes ya existentes o la redacción de algunas nuevas conlleva a una hiperactividad profesional nunca vivida entre los profesionales del Derecho. Asimismo se sufre una situación de duda permanente que nos trasladan nuestros clientes, ya sean empresarios, trabajadores o simples ciudadanos contribuyentes de la Hacienda pública, todos están perdidos ante tanta legislación.

Pero para rematar la montaña de reformas, el Gobierno profundizará en la reforma y liberalización del sector servicios para eliminar barreras y posiciones anticompetitivas que, según el Ejecutivo, solo tienen el efecto de reducir la calidad de la prestación, al tiempo que aumenta sus precios.

Sinceramente, si se fortalece el principio de libertad de acceso y ejercicio en las actividades profesionales, podemos desde luego fomentar un verdadero caos legal, creo que más que nunca el Gobierno debe asegurarse que aquellos que tienen entre sus manos la aplicación de la norma sean profesionales debidamente colegiados, pues de nada servirá legislar tanto si se cometen errores u omisiones en su aplicación. Por ello, más que nunca el estudio y la aplicación de la norma solamente se puede hacer de la manera eficiente y rigurosa que saben hacerlo los profesionales, que además ejercen su actividad bajo el prisma de una corporación de derecho público que vela para que ese trabajo sea así, fomentando entre sus actividades el continuo reciclaje del profesional.

Es el momento para que los profesionales sean los garantes más que nunca de todo el arduo trabajo que está realizando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, es el momento de poner en marcha todas estas medidas, y solo el tiempo dirá si son efectivas o no, esperemos que sí, porque acatar cambios de esta índole no son fáciles para nadie.

Las corporaciones colegiales tienen una larga tradición, su contribución al progreso de una nación es indiscutible, considero que no hay ningún Gobierno que pueda decir (en el caso de los graduados sociales), colectivo al que represento, que no ha tenido el apoyo de nuestros profesionales en todos los procesos de reformas económicas, laborales y sociales que se han producido, permitiendo con ello una larga etapa de creación de empleo, de prosperidad y de mejora de la cohesión social.

La Administración pública, más que nunca, necesita que las reformas laborales y fiscales, las cotizaciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria estén realizadas de manera profesional, pues de nada servirá legislar si su aplicación es incorrecta.

Soy consciente de que los tiempos están cambiando, que prácticamente está naciendo una nueva visión del llamado Estado del bienestar social. Todos estos cambios que estamos sufriendo deben servir para asentar una estructura sólida que ayude a este país a ser competitivo. Para ello, efectivamente tenemos que contribuir todos los españoles y nuestras corporaciones deben adaptarse a las nuevas necesidades, ofertar y brindar unos servicios que, además de la defensa de una profesión, satisfagan a sus clientes.

Pero también debemos ser consecuentes, y hablo de manera general, creyendo que con ello no ofendo ni molesto a ninguno de los compañeros decanos de otros consejos generales, que hasta el momento las corporaciones colegiales nunca han disfrutado de una partida presupuestaria a cargo del Estado, nunca han costado dinero a la Administración publica, en cambio sí que han brindado un gran servicio, nuestra independencia económica es junto con nuestra ausencia de ideario político el gran estandarte que prácticamente todas las profesiones colegiadas podemos decir con orgullo.

Nuestra posición tecnócrata es la que nos otorga la fuerza para discutir la idoneidad de una medida u otra. Por todo ello, espero que el Ejecutivo de Rajoy analice bien toda la situación y que los cambios que seguramente son necesarios se hagan de manera consensuada con las corporaciones colegiales para que entre todos busquemos fórmulas que deben tener el mismo objetivo, la búsqueda de la excelencia profesional.

Javier San Martín Rodríguez. Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España