Un grupo inmobiliario venezolano reclama 25 millones de euros

España recibe su segunda denuncia en el Ciadi desde que es país miembro

Un grupo inmobiliario venezolano con intereses en Madrid ha demandado a España ante el Ciadi reclamando 25 millones. Se trata de la segunda demanda de arbitraje reclamada ante el organismo contra el país (la anterior fue presentada en 1997).

España recibe su segunda denuncia en el Ciadi desde que es país miembro
España recibe su segunda denuncia en el Ciadi desde que es país miembro

Inversión y Gestión de Bienes (IGB) y otra sociedad relacionada con este grupo inmobiliario, IGB 18 Las Rozas, han demandado al Reino de España ante el Ciadi, organismo de arbitraje independiente integrado en el Banco Mundial.

Se trata de la segunda demanda que recibe España ante la institución desde que el país es miembro (1994). La anterior reclamación la presentó el ciudadano argentino Emilio Agustín Maffezini, que en 1997 demandó a España por una inversión que realizó en una empresa distribuidora de productos químicos.

En aquella ocasión España perdió el caso, siendo condenada a pagar 57,6 millones de las antiguas pesetas. Una cantidad que dista de los 25 millones de euros (más de 4.000 millones de las antiguas pesetas) que reclaman ahora las inmobiliarias venezolanas al país.

El arbitraje se refiere a un plan urbanístico planteado en Las Rozas

Estas empresas que han reclamado arbitraje ante el Ciadi tienen como administrador único a Milka Gabay, arquitecta venezolana, y como apoderados a Raymundo Botbol, Mercedes Botbol Gabay y Licy Botbol Gabay, según datos consultados en el Registro Mercantil. La demanda fue presentada el pasado mes de julio y en estos momentos están siendo seleccionados los magistrados que estudiarán el caso.

Las sociedades han contratado como representantes legales al despacho venezolano WDA Legal y al español Parra Asociados Abogados. "El arbitraje se refiere a inversiones inmobiliarias realizadas en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y su cuantía se ha estimado preliminarmente en 25 millones de euros", explicó a este diario a través de un correo electrónico el bufete con sede en Caracas. Además indicó que esperan "arreglar su diferencia con el Reino de España a través de las vías permitidas por el convenio Ciadi, incluyendo la negociación directa o conciliación o, en su defecto, por un laudo arbitral definitivo y vinculante".

Empresas españolas

Mientras que en solo dos ocasiones España ha sido demandada ante el Ciadi por empresas extranjeras, son numerosos los casos de compañías españolas que han acudido a la institución con sede en Washington para tratar de dirimir sus diferencias con otros países.

El caso más sonado ha sido la demanda presentada este año por Repsol contra Argentina por la expropiación de YPF. Pero este año se han producido otras reclamaciones que han dado mayor relevancia a la institución en España.

Durante 2012 también han acudido al Ciadi Francisco Hernando, el constructor conocido como El Pocero, que ha demandado a Guinea Ecuatorial. Elecnor e Isolux presentaron el pasado mes de febrero reclamación contra Perú. Telefónica también acudió el pasado mes de junio para denunciar a México.

Una demanda pionera

La reclamación de las inmobiliarias venezolanas ante el Ciadi contra España se basa, según explicó en una conversación telefónica con este diario Antonio Parra, representante legal en España de las empresas demandantes, en aspectos técnicos urbanísticos. Las sociedades invirtieron cerca de 25 millones de euros en suelo en Las Rozas (Madrid). La promoción estaba pendiente de un plan urbanístico anunciado por el ayuntamiento madrileño, que básicamente motivó la inversión de las empresas venezolanas.

Sin embargo, dicho planeamiento no llegó a aprobarse, lo que provocó la pérdida de dicha inversión. Las sociedades extranjeras no pueden demandar a la comunidad ni al ayuntamiento, pero sí a España ante instituciones internacionales como el Ciadi, comenta Parra. ¿Cuántos inversores extranjeros han perdido dinero en el sector inmobiliario español? Hasta ahora a ninguno se le había ocurrido acudir a organismos internacionales para tratar de recuperar su dinero.