Medidas extras para apuntalar las pensiones
Las dudas crecientes y bien fundadas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones a corto y medio plazo ganan peso a medida que avanza la crisis. Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se confirmaba ayer que los más de 4.000 millones de euros que integran el fondo de mutuas -una hucha extra integrada por los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo- se encuentran ya casi agotados. Ello hace prácticamente inevitable que en unos cuantos meses el Gobierno deba echar mano del fondo de reserva de la Seguridad Social, un colchón que cuenta hoy con unos 67.000 millones de euros, un 80% de los cuales está invertido en deuda pública. Ello será especialmente necesario si el Ejecutivo pretende mantener sus compromisos en este ámbito, tal y como aseguró ayer Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social. Burgos reconoció que el fondo de reserva es uno de los mecanismos que el Gobierno está dispuesto a utilizar para cumplir promesas como la de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC real de noviembre. Ese compromiso exigirá un desembolso extra de unos 2.000 millones de euros, que se consolidarán en la nómina de 2013, lo que hará que esa partida deba volver a abonarse entonces. El desembolso extra que todo ello supondrá es el principal motivo para tener que acudir a la hucha de reserva.
Pese a que el fondo de reserva supone un colchón razonablemente confortable, una economía en recesión con un paro desbordado -el dato de ayer confirma un aumento de desempleados en agosto de 38.179 personas- está condenada a consumir de forma inevitable cualquier bolsa de oxígeno, a menos que esta sea suficientemente retroalimentada. De ahí que el Gobierno haya adelantado ya su intención de establecer mejoras en la gestión actual del sistema de pensiones. Sorprendentemente, esas mejoras no incluyen -al menos, no a priori- el uso de medidas contundentes, como el posible aceleramiento de la fecha prevista para implantar la edad de jubilación a los 67 años, una medida ya aprobada, pero que no será exigible al 100% hasta el año 2027. La hoja de ruta del Ejecutivo podría contemplar, sin embargo, un endurecimiento del acceso y las condiciones de la jubilación parcial, además de la aprobación de un paquete de incentivos para acercar de forma voluntaria la edad efectiva de jubilación (63 años) a la legal. Dadas las implicaciones que las dudas sobre el sistema de pensiones tienen sobre la actividad económica, puesto que socavan la confianza de los trabajadores en la seguridad de su futuro, resulta urgente poner en marcha cuanto antes los cambios que en materia de cotización y acceso a las pensiones se aprobaron en la última reforma. Ello debe incluir el adelantamiento de un calendario que fue adecuado en su momento, pero que hoy resulta demasiado largo para la coyuntura en que estamos inmersos.