Una reforma para evitar viejos errores
Sin grandes novedades sobre lo adelantado a lo largo de los últimos días, pero en medio de una expectación sin precedentes, el Gobierno aprobó el viernes la tercera reforma financiera de la legislatura y la quinta desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, el Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito no es otra reforma más, sino que constituye la llave maestra que abre la puerta al rescate del sector bancario español y sienta las bases de su futuro. Con ese objetivo, el texto ha tenido que incorporar las exigencias plasmadas en el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que Bruselas impuso a España como condición para acceder al crédito de 100.000 millones de euros del fondo de rescate. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, presentaron así una norma ambiciosa, extremadamente prolija -nada menos que 74 páginas que deberán ser desarrolladas por vía reglamentaria- y muy exigente. Algo que no debería sorprender si se tiene en cuenta cuál es la compleja tarea que la reforma tiene ante sí: refundar las bases de prevención, control y saneamiento del sistema financiero español. Un objetivo que incluye el deber de anticipar, evitar y, en su caso, atajar de forma inmediata las posibles debilidades, malas praxis y errores de gestión que puedan contaminar el sector. Esa faceta profiláctica de la reforma, que está articulada en torno a tres niveles de intervención, constituye uno de sus grandes aciertos. Mientras el primer nivel está pensado únicamente para entidades con problemas puntuales y solucionables; el segundo se aplicará a aquellas que sean viables, pero que necesiten recapitalizarse con recursos que puedan devolver; mientras que el tercero constituirá un tratamiento definitivo cuando no existan visos de viabilidad a medio o largo plazo. Un tratamiento que incluye, entre otras medidas, la venta del negocio y la separación de los activos buenos y de los dañados a través de la figura del banco malo.
Como se encargó de destacar encarecidamente la vicepresidenta del Gobierno, el Ejecutivo pretende que la solución de la crisis que aqueja al sector financiero español -y que ha obligado a la nacionalización de Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia- se lleve a cabo sin coste para el contribuyente. Un objetivo que en estos momentos se hace especialmente urgente, dadas las oscuras perspectivas económicas que España tiene por delante, el desgaste padecido por la ciudadanía y la acuciante necesidad de cumplir con las exigencias de equilibrio fiscal impuestas por Bruselas. El FROB será el organismo encargado de canalizar la ayuda europea e incluso de adelantarla -así se hará con Bankia- puesto que los fondos del rescate no estarán disponibles hasta noviembre. La factura total puede llegar hasta 120.000 millones, puesto que se incluyen los 20.000 millones de apalancamiento del propio FROB.
La nueva regulación, que es considerada en general atinada por el sector bancario, aspira a desbloquear un mercado de crédito que hoy está prácticamente paralizado y cuya reapertura constituye una condición imprescindible para que España pueda comenzar a dejar atrás esta crisis. Otra de sus funciones será dinamizar el mercado inmobiliario al propiciar la bajada de precios de los inmuebles que hasta ahora las entidades acumulaban en sus balances, así como reforzar la protección de los pequeños inversores. Sin embargo, y en último término, la reforma aprobada el viernes está dirigida a recuperar un activo cuyo importancia en este momento es capital: la confianza de los mercados financieros en España y en su sistema bancario. Una confianza que es imprescindible para que nuestro país pueda rebajar hasta un coste razonable la factura que está pagando por financiarse en los mercados. De la contundencia, efectividad y mano firme con que se aplique la letra de este real decreto ley dependerá que España logre o no ganar esa batalla.