Mato dice que nadie será desatendido pero los 'irregulares' tendrán que pagar
La titular de Sanidad, Ana Mato, aseguró ayer que "nadie va a quedar desatendido" en los centros sanitarios, pero precisó que los ciudadanos que carezcan de tarjeta sanitaria deberán pagar el servicio, incluidos los inmigrantes en situación irregular. La ministra hizo estas declaraciones durante una reunión "informal" en Valladolid a la que solo fueron 9 de los 17 consejeros de Sanidad autonómicos.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, celebró ayer una reunión en Valladolid con los consejeros de Sanidad de nueve autonomías (Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Castilla y León y Comunidad Valenciana) para plantear "soluciones y medidas innovadoras" que consigan un mejor aprovechamiento de los recursos humanos en el sector sanitario.
El encuentro, tildado por Sanidad de "informal" y "deliberativo", pretende ser el primero de una serie de reuniones con los consejeros autonómicos en las que se supervisará la evolución de la reforma sanitaria en sus diferentes aspectos. "Queremos debatir en profundidad sobre el papel de nuestros profesionales, sobre su marco regulatorio, su motivación y su desarrollo profesional", resumió ayer la ministra Mato, que explicó que tanto este debate como los demás trabajos en ese campo solo apuntan a "mejorar la autonomía y la responsabilidad en la gestión" de los trabajadores. Sobre el objetivo último de este primer debate, la ministra sostuvo que se trata de atajar la "dispersión normativa" y el "estancamiento" que, a su juicio, afectan a la política de recursos humanos en la Sanidad pública.
Polémicas ausencias
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En la reunión presidida por Mato estuvieron ausentes 8 de los 17 responsables autonómicos de Sanidad, entre los que se hallaban algunos de los que han mostrado discrepancias respecto de las reformas aprobadas por el Gobierno, como los de Andalucía, Asturias y el País Vasco. El consejero de Castilla y León y anfitrión del encuentro, Antonio María Sáez Aguado, excusó las ausencias argumentando que aún es periodo vacacional.
El consejero vasco, Rafael Bengoa, se mostró muy crítico, tanto con "las formas" empleadas para convocar la reunión como con el contenido previsto del encuentro, por considerar que hay problemas mucho más urgentes "sobre la mesa" que la gestión clínica o el modelo retributivo de los profesionales sanitarios. Desde Andalucía también protestaron contra la informalidad de la convocatoria y acusaron al Gobierno de querer convertir la reunión "en un aval de las políticas del Partido Popular que no compartimos".
Al contenido concreto de la reunión se refirió el consejero castellano-leonés Sáez Aguado, que aseguró que "en unos meses" se advertirá su efecto en las líneas de trabajo del sistema de salud. El popular insistió en que el encuentro no ha servido para hallar "soluciones", sino que estaba encaminado a discutir un modelo retributivo que ha resultado "demasiado homogéneo" y que no incentiva "a quien mejor trabaja, al que se preocupa por la calidad y la formación".
Sobre el procedimiento a seguir con los inmigrantes en situación irregular a quienes se facture la asistencia sanitaria, apuntó que primero se tratará de reclamar el pago a su país de origen. Si finalmente el paciente no tiene fondos, indicó que la factura "irá a impagados" si bien ha reconocido que no sabe explicarlo "con claridad". Ana Mato subrayó que las autonomías gestionarán esos servicios "sin que por ello se genere ningún derecho, que pueda dar lugar a ciertos abusos, ni que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema".
Con la nueva tarjeta sanitaria, los españoles tendrán derecho a ser atendidos en cualquier país de Europa y el coste de los servicios prestados les será facturado a cargo del erario público español. Una novedad que, según Mato, apunta a "cumplir el reglamento europeo" y garantizar la reciprocidad en relación con el trato que reciben los españoles fuera de nuestras fronteras".
Seguimiento para los crónicos 'sin papeles'
La ministra Mato afirmó ayer que "el seguimiento de las enfermedades crónicas para extranjeros sin cobertura asistencial ni residencia legal" estará garantizado a partir del 1 de septiembre, cuando entre en vigor la reforma que impide que los inmigrantes irregulares obtengan la tarjeta sanitaria. También estarán asegurados "los tratamientos de urgencia y la asistencia a los menores y las mujeres embarazadas", además de "la prevención y control de enfermedades transmisibles a través de los programas de salud pública". El ex secretario general y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, sostuvo al respecto el pasado martes que "la exclusión de colectivos" de la sanidad universal es "una medida xenófoba, injusta, inútil e ineficaz" que solo servirá para ahorrar "cuatro euros anuales por habitante y año".
221 millones
A eso ascendió el ahorro en medicamentos que se logró en julio de este año respecto del mismo mes de 2011, según los datos del Sistema Nacional de Salud. El número de recetas facturadas se redujo de 78,6 a 67,5 millones y el gasto por receta de 11,7 a 10,4 euros.