EDITORIAL

No hay rescates sin condiciones

La petición de rescate de Cataluña al Estado central, que ayer realizó de forma oficial su presidente, Artur Mas, es la primera de lo que a buen seguro constituirá una lista de requerimientos de ayuda financiera por parte de las comunidades autónomas. Con el SOS catalán se estrena el Fondo de Liquidez Autonómica que el Gobierno creó a principios de verano, que estará dotado con 18.000 millones de euros y comenzará a funcionar de forma efectiva el próximo octubre. El objetivo de esa bolsa de liquidez es aliviar la insostenible situación de la mayor parte de las Administraciones regionales, incapaces de financiarse tras haber visto cerradas las puertas de los mercados. La precaria realidad de Cataluña -que ha reclamado una inyección de 5.023 millones de euros- ha obligado a Mas a pedir ayuda, tras las progresivas rebajas de calificación de la deuda catalana a bono basura por parte de las grandes agencias de rating y el enorme déficit -más de 4.000 millones de euros- que la comunidad deberá recortar para cumplir el objetivo fiscal. La región afronta en los próximos seis meses vencimientos de deuda por valor de 5.755 millones, prácticamente el total de lo solicitado al Estado.

A estas alturas, la angustiosa situación financiera de Cataluña no es una novedad, como tampoco es una sorpresa su petición de ayuda. Tras el paso de Mas, otras autonomías harán lo mismo -la Comunidad Valenciana ya ha advertido que necesita 3.500 millones y Murcia, 700 millones-, ante la imposibilidad de afrontar la tarea de reducir en más de 18.300 millones el déficit autonómico y cuadrar las cuentas a final de año. Pero si la coyuntura catalana no es insólita, no se puede decir lo mismo de los términos en que ha hecho la petición. En un ejercicio de flagrante demagogia, dada la falta de capacidad de maniobra y, por tanto, de fuerza negociadora de que dispone el Ejecutivo catalán, Mas ha anunciado que no aceptará que se le impongan condiciones políticas a cambio de la ayuda. Una advertencia ante la que Mariano Rajoy ha respondido, como no puede ser de otra forma, que el rescate a Cataluña se hará en los mismos términos que el de cualquier otra comunidad. Ello implica que no solo como cualquier otra Administración autónoma, sino como el propio Estado español en sus negociaciones con Bruselas, deberá aceptar condiciones económicas claras y exigentes a cambio de la ayuda. Lo contrario supondría un escándalo de gestión política y económica por parte del Gobierno central, además de constituir una palmada en el hombro al mal hacer en materia de cuentas públicas que ha caracterizado al grueso de las autonomías.

En una jornada marcada por la noticia de que la recesión en España se prolongará hasta buena parte de 2013 por el desplome del consumo y los recortes para cumplir con el objetivo de déficit, el mensaje de exigir sin admitir condiciones resulta irresponsable, inoportuno y ajeno a la realidad.