Las entidades de gestión denuncian ante Bruselas el nuevo canon digital
Las entidades de gestión de derechos, entre las que están la Sgae, Egeda y Aisge, han presentado una denuncia en Bruselas por la modificación del sistema de compensación por copia privada. Aseguran que el sistema instaurado por el Gobierno de Rajoy es más indiscriminado que el anterior al recaer sobre todos los españoles compren o no equipos para reproducir obras protegidas.
Las entidades españolas de gestión de derechos han pasado de la crítica a la acción y hoy han anunciado que han denunciado ante la Secretaria General de la Unión Europea la nueva regulación del canon de copia privada aprobada por el Gobierno de Rajoy en diciembre de 2011. En su opinión, el nuevo sistema no sirve para compensar a los titulares. Por contra, aseguran, "beneficia injustamente a las empresas tecnológicas, que sí están obligadas a pagarlo en otros 22 países de la Unión Europea (el resto de los que admiten la copia privada) y perjudica a los contribuyentes al fijar el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", explican las entidades en una nota.
En ella también advierten que este sistema es "más indiscriminado" que el anterior al recaer el pago de la copia privada sobre todos los españoles compren o no equipos para reproducir obras protegidas. Y advierten en el escrito que el nuevo sistema de compensación a los titulares de derechos establecido por el Gobierno genera varios problemas.
Entre ellos, que España incumple la directiva europea y que el nuevo sistema afecta al mercado interior y a la competencia en el mercado único. Las entidades, que engloban a Aisge, Dama, Agedi, Egeda, Aie y Sgae, destacan que la nueva regulación española es un sistema "excepcional y diferente al resto de los países europeos.
Estas organizaciones critican igualmente que no se haya esperado las conclusiones del mediador nombrado por la Comisión Europea a principios de este año, cuya misión es armonizar tarifas y soportes de aplicación del canon en los países europeos. Y, añaden, que tras siete meses desde la eliminación del sistema anterior, "no se ha definido la alternativa al sistema sustituido dejando de remunerar a los titulares de derechos, lo que prohíbe expresamente la directiva europea".
Recientemente el Gobierno aprobó una partida de cinco millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinados a estas entidades para compensar la copia privada. Una cantidad, de la que todavía no han recibido nada, y que califican como "ridícula", pues la ley anterior fijaba una cantidad de 115 millones de euros para tal fin, que debían abonar las empresas tecnológicas.
En la nota mandada hoy, las entidades de gestión indican también que "la actuación a golpe de Decreto Ley sin contar con los titulares de derechos perjudica gravemente el desarrollo del sector cultural", una industria que, recuerdan, constituye cerca de un 4% del PIB.