El FGD pierde 8.554 millones en 2011
La banca tendrá que pagar una derrama de al menos 2.026 millones de euros para cubrir el desfase patrimonial del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), que se ha originado tras perder 8.554 millones en 2011.
Según las cuentas del organismo publicadas hoy, los desembolsos realizados desde la constitución del fondo unificado, el 15 de octubre de 2011, hasta el cierre del ejercicio, consumieron todos sus recursos y le llevaron a cerrar el año con un patrimonio negativo de 2.026 millones de euros.
Para cubrir ese desfase, la comisión gestora del FGD decidió a principios de esta semana aprobar una derrama de al menos 2.026 millones, que las entidades financieras pagarán en los próximos diez años, además de las aportaciones que realizan anualmente en febrero y que ascienden a unos 2.200 millones de euros.
En el momento de la creación del nuevo FGD -que unificó los fondos de garantía de depósitos de establecimientos bancarios, cajas de ahorros y cooperativas de crédito- el organismo contaba con un patrimonio de 6.528,5 millones de euros.
Sin embargo, el coste de reestructuración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras la compra por el Banco Sabadell, que supuso en 2011 unos 6.384 millones, y los 2.174 millones aportados para cubrir saneamientos en otras entidades realizados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) consumieron el patrimonio del FGD, que terminó el año en negativo.
En el desglose de las cuentas aparece que el resultado financiero aportó 15,37 millones de euros mientras el ajuste por la valoración de inversiones de Fondo sumó 10,79 millones, que prácticamente desaparecieron con los 22,29 millones de pérdidas como resultado de la gestión.
Así, el ejercicio 2012 comenzó con un saldo negativo de 2.026 millones de euros, que se superó en parte con la dotación anual de unos 2.200 millones en febrero, a los que hay que restar los 953 millones aportados en la adjudicación de Unnim a BBVA.
El Fondo tiene como principal objetivo garantizar los depósitos de los clientes en las entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros, y además sirve para reforzar la solvencia y funcionamiento de instituciones en dificultades.