Economía estudia el fin de las multas por los 'superdepósitos'
Las autoridades reconocen que la medida ha tenido el efecto contrario al buscado, según fuentes financieras
El Banco de España y el Ministerio de Economía estudian anular la penalización que se impuso el año pasado a los depósitos bancarios de alta remuneración, ante la constatación de que la medida ha tenido un efecto pernicioso en el sector financiero.
Según señalan fuentes financieras, esta posibilidad está todavía en estudio, aunque es probable que salga adelante.
En junio del año pasado, el anterior gobierno socialista aprobó un real decreto que obligaba a las entidades financieras que ofertaban depósitos con elevados intereses (por encima de las condiciones del mercado, es decir, de la cotización del euríbor al plazo en cuestión más un diferencial) a realizar contribuciones adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El objeto de esta iniciativa que impulsó la anterior responsable de Economía, Elena Salgado, era desincentivar la "guerra del pasivo", ante el temor de que dañara el margen financiero de la banca, y recabar fondos adicionales para el FGD.
Pero el resultado ha sido el contrario al esperado, según las mismas fuentes, dado que el impacto de esta medida no ha generado un aumento específico de los recursos al FGD. Además, muchas entidades financieras han continuado comercializando este tipo de depósitos con rentabilidades que superan el 4%.
Por si fuera poco, la banca ha esquivado la citada norma lanzando al mercado productos de alto rendimiento distintos a los depósitos, como pagarés. Se trata títulos de renta fija que dan una rentabilidad transcurrido un plazo determinado pero, a diferencia de los depósitos, no están garantizados por el FGD: la entidad que los emite es el único aval.
El pasado julio, por ejemplo, las fuertes tensiones en los mercados de deuda provocaron que los bancos buscaran liquidez a cualquier precio, con lo que el volumen emitido de pagarés se disparó un 56,8%, hasta los 16.806 millones.
Por ello, las autoridades han comenzado a estudiar la conveniencia de anular esta medida, aunque de momento desconocen si se optará por un nuevo real decreto o si la anulación requerirá un proceso legal más complejo.