El BCE no pidió a Zapatero cambiar la Constitución para limitar el déficit
Contra lo sospechado hasta ahora, parece ser que el BCE no pidió por escrito a Rodríguez Zapatero en agosto de 2011 que modificase la Constitución española para establecer un freno al endeudamiento del Estado.
Uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la crisis de la zona euro podría estar resuelto. Al menos, en parte. El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha presentado la decisión que resuelve la queja presentada por un abogado español ante la negativa del BCE a revelar el contenido de la misiva que envió hace un año al presidente del Gobierno español. En el transcurso de la investigación realizada por el Defensor, Fráncfort ha reconocido la existencia de aquella comunicación "estrictamente confidencial del presidente del BCE al primer ministro sic español". El emisor admite que en ella se expresó "la preocupación del BCE por la situación extremadamente grave y difícil (en ese momento) de la economía española". Y que invitó al presidente del Gobierno a "aumentar el potencial de crecimiento de la economía española y garantizar el saneamiento de las finanzas públicas".
La carta, sin embargo, "no pedía al Gobierno español que modificara la Constitución para introducir un límite máximo de la deuda pública", según la decisión de Diamandouros. Tras su lectura, el Defensor del Pueblo Europeo coincide con el BCE en que su divulgación hubiera podido perjudicar los intereses de España y de sus ciudadanos porque contenía información "muy sensible" sobre "diversas debilidades graves de la economía española".
Aquella carta, cuyo contenido nunca se publicó, se interpretó como un memorándum con las condiciones del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, para intervenir en el mercado de deuda pública. Una carta similar fue remitida al Gobierno de Silvio Berlusconi (y publicada poco después por la prensa italiana). La intervención del BCE relajó las primas de riesgo española e italiana.
Y de manera casi inmediata, el Gobierno de Zapatero y la oposición del Partido Popular pactaron una reforma de la Constitución que (en el artículo 135) prohibió a todas las Administraciones públicas incurrir en un déficit público estructural superior al establecido por la Unión Europea. Roma, en cambio, nunca cumplió con las condiciones planteadas y Berlusconi tuvo que dimitir y pasar el testigo a Mario Monti.
El procedimiento seguido provocó una gravísima crisis en el BCE y un mes después dimitió el economista jefe del organismo, el alemán Jürgen Stark. La carta de Trichet, además, quedó como una injerencia en la soberanía de dos países y como una extralimitación en los poderes de una institución sin legitimidad democrática suficiente.
El BCE salió tan escaldado que el nuevo presidente, Mario Draghi, suspendió la compra de bonos poco después de asumir el cargo.