EDITORIAL

Los promotores tienen un plan

Todos los expertos, nacionales e internacionales, coinciden en que el hecho diferencial de la actual crisis en versión española es el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los increíblemente bajos tipos de interés que acompañaron la entrada y los primeros pasos del euro -provocados por los problemas que en aquellos momentos atravesaba Alemania- contribuyeron a generar un auténtico espejismo monetario que emborrachó y nubló la vista a una sociedad, como la española, acostumbrada a otro tipo de política monetaria y cambiaria. De aquellos polvos han llegado estos lodos, de los que ahora se lucha desesperadamente por salir. Y una de las claves para emprender ese camino pasa por una normalización de la actividad del sistema financiero, lo que lleva indefectiblemente a una purga de los excesos y los excedentes inmobiliarios desde todos sus puntos de vista. Los sucesivos decretos firmados por el Ministerio de Economía respecto a la cobertura de estos activos y a la cuantía de sus provisiones ya están en marcha y la banca -cierto es que con notables muestras de desagrado- se encuentra en pleno proceso para adecuar sus balances a las nuevas exigencias. Sus cuentas de resultados del primer semestre del ejercicio -en las que lo más reseñable son los significativos descensos de beneficios como consecuencia de las masivas provisiones- son un ejemplo evidente de esta política.

Sin embargo, son muchos más los actores que intervienen en este poliédrico problema derivado de la explosión del boom inmobiliario. Uno de los más destacados es el mundo de las empresas inmobiliarias y su gran lastre, el stock de viviendas que no han conseguido salir al mercado. Y no son pocas. Los datos publicados por el Ministerio de Fomento certificaban que en 2010 había un excedente de casas sin vender ni alquilar de 687.523 unidades. Un año después, la misma fuente estimaba que la cifra se situaba en 675.000. Es decir, apenas 12.500 menos a pesar de que los precios han emprendido una considerable pendiente descendente. La rebaja de precios que suman los inmuebles desde máximos -que según las estadísticas que se consulten se mueven entre el 23% y el 30%- no ha tenido el efecto deseado en cuanto a la desaparición de stocks.

La tozudez de las cifras ha redoblado la preocupación de los promotores inmobiliarios y de los representantes de la banca. Por ello, han levantado la mano y han pedido auxilio al Gobierno. El planteamiento consiste en lanzar un plan de choque para atraer compradores extranjeros no residentes para viviendas turísticas. Con estos números. Los promotores calculan que del total de las viviendas sin vender, unas 250.000 pueden catalogarse como turísticas. Si esas casas se vendieran a una media de 200.000 euros, se generarían unos 50.000 millones. Una cifra que supondría un importante balón de oxígeno tanto para las inmobiliarias como para las entidades financieras, argumentan los promotores

El plan de lo empresarios consiste en efectuar una especie de macro road show que tendría lugar en los principales mercados de emisores de turistas -Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Holanda o los países nórdicos, entre otros-, contando con el refrendo y el respaldo del Gobierno español y de la marca España, como garante de la iniciativa, como señal de que desde el Ejecutivo se respalda la iniciativa. Y, por supuesto, sin el más mínimo coste para las arcas públicas.

El planteamiento, que ya descansa sobre la mesa de varios estamentos del Gobierno -Ministerio de Fomento, Oficina Económica de Moncloa e Instituto de Comercio Exterior (Icex)-, es un loable intento por abordar un asunto tan delicado y trascendente como es el de tratar de despejar uno de los grandes obstáculos para remontar la crisis: los nocivos efectos del boom inmobiliario. El Ejecutivo debe analizar este plan con detalle y en profundidad, depurando todo lo que suene a cuento de la lechera y ofreciendo su apoyo al resultado. Un respaldo que debe estar dispuesto a ofrecer a todos los sectores que se acerquen a él con ideas para superar la difícil situación que atraviesa la economía de España. Pero con condiciones inflexibles: que el proyecto no tenga coste para las ya maltrechas cuentas públicas -si es al revés, si supone ingresos adicionales, mejor que mejor- y que no sea discriminatorio.