Trabajo aflora 14.000 empresas falsas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que en lo que va de año Trabajo ha descubierto la existencia de 14.000 empresas falsas creadas para la recepción de prestaciones. Además, durante las inspecciones se ha descubierto que más de 4.000 trabajadores combinaban la prestación por desempleo con la ocupación laboral.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana cuatro proyectos de ley que tienen como objetivo recuperar la credibilidad y confianza de España. Así, según lo indicado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de que tanto los gestores públicos como los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, justo en un momento en que se está pidiendo un esfuerzo adicional para hacer frente a la crisis.
Las medidas adoptadas, entre las que se encuentran el proyecto de ley de transparencia, el anteproyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, así como la reforma del Código Penal en la lucha contra el fraude fiscal, tienen como objetivo dotar a Trabajo de mayores instrumentos para poder llevar a cabo las inspecciones.
Hasta el momento, Sáenz de Santamaría ha señalado que de las 112.000 inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio se ha aflorado 39.000 empleos, es decir, un 13% más que en el año anterior. Junto a esto, el Ejecutivo ha sacado a la luz más de 14.000 empresas ficticias creadas con el único fin de cobrar prestaciones.
En lo referente al número de trabajadores que combinan la prestación con la ocupación, el Gobierno ha señalado que la cifra asciende a más de 4.000 perceptores.
Ley de Trasnparencia
Soraya Sáenz de Santamaría ha señalo que la nueva de ley de transparencia a la que estarán sujetas todas las administraciones públicas, así como los órganos constitucionales cuando actúen con carácter administrativo y las sociedades mercantiles con participación pública de más de 50%, busca cambiar la filosofía de lo público y acabar con la opacidad que ha caracterizado a las administración española.
Como complemento a esta ley se halla el anteproyecto de ley orgánica que intenta reforzar las penas por mala gestión de los recursos públicos. Entre las novedades adoptadas se encuentran las penas de cárcel que irán de uno a cuatro años en aquellos supuestos de gran gravedad, es decir, en todos aquellos casos en los que el falseamiento y ocultación de los datos afecta a las cuentas públicas. Hasta el momento el Gobierno solo había contemplado la inhabilitación de tres a 10 años.