Guindos: "Se puede descartar el rescate"
El ministro de Economía, Luis de Guindos, está compareciendo en el Congreso de los Diputados para explicar los términos del rescate bancario. A la entrada de la sesión ha descartado el rescate, ha atribuido esta situación a la "irracionalidad" de los mercados y ha asegurado que "la situación va más allá de lo que pueden hacer los gobiernos".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado ante la Comisión de Economía del Congreso los detalles de un acuerdo que, tal y como indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría el viernes al término del Consejo de Ministros, España firmará el martes. A la entrada, el ministro ha asegurado que "se puede descartar el rescate", si bien ha insistido en que "la situación va más allá de lo que pueden hacer los gobiernos". Y ha añadido: "España es el rompeolas de esta situación, pero afecta a otros. España ha hecho lo que tenía que hacer". Preguntado sobre si el Banco Central Europeo (BCE) debería actuar para frenar esta escalada de tensiones sobre España, Guindos se ha limitado a decir que son necesarias "determinadas actuaciones".
Ya en su discurso, el ministro ha achacado a los "desequilibrios" acumulados en los años anteriores a la crisis los problemas en España, a la vez que ha asegurado que "no hay razones objetivas para las divergencias" entre los costes de financiación de los países de la zona euro.
Luis de Guindos ha admitido, en contra de lo que se había afirmado en numerosas ocasiones, que el "Estado español será el responsable" de devolver el dinero del rescate. En cualquier caso, su importe exacto no se conocerá hasta que no se sepan los resultados de los pruebas de esfuerzo, lo que sucederá en septiembre. Además, aseguró que tras el rescate, y gracias a las reformas que está acometiendo el Gobierno, va a dar como resultado un sistema financiero "solvente y bien dimensionado".
Guindos no ha querido dar una cifra del tipo de interés que tendrán que pagar las entidades rescatadas, aunque ha insinuado que podría situarse entorno al 1,5%. Las ayudas tendrán "un coste reducido, con unos tipos variables que se puede asegurar que serán bajos. Aunque no se puede dar una cifra, no sería aventurado que será del 1,5%" y en todo caso inferior al 3%, ha declarado, y ha añadido que el rescate no constituirá una deuda prioritaria ante el resto de acreedores.
El desembolso empezará a realizarse dentro de un periodo máximo 10 o 15 años y el préstamo tendrá un vencimiento medio de 12 años y medio, ha confirmado Guindos, para insistir en que los 100.000 millones de euros se destinarán "únicamente a recapitalizar las entidades financiera" pese a que el texto alude a otras posibilidades, ha admitido. En todo caso, ha recalcado que el coste de 60.000 millones en estas condiciones sería similar al de los 20.000 millones adelantados por el Frob.
Luis de Guindos ha explicado las dos líneas de actuación del memorando que, ha insistido, solo tendrá implicaciones para el sector financiero y, en ningún caso tendrá consecuencias macroeconómicas para España, pese a que el Estado seguirá siendo el avalista para que el rescate a la banca pueda llevarse a cabo.
En un primer plano, habrá "condiciones verticales" para las entidades nacionalizadas que se beneficien de la financiación de la UE. Estos bancos estarán obligados a realizar una reestructuración ordenada con sus propios recursos en la medida que sea posible, asumir restricciones en la remuneración de sus directivos y derivar sus activos tóxicos a lo "comúnmente y mal llamado banco malo". Esta entidad estará activa a partir de noviembre, según el ministro, pero serán los propios bancos los que tendrán que asumir las pérdidas.
La segunda línea de actuación contempla "condiciones horizontales" para construir un marco regulatorio que impida que se repitan situaciones como la crisis de las preferentes. Para ello, la nueva normativa endurecerá los requisitos de su comercialización y se fomentará la transparencia. Una parte fundamental de las emisiones (de todo tipo de producto, no solo las preferentes), tendrá que colocarse en el canal mayorista a partir del cual se fije el precio y se elevará el mínimo de inversión para evitar que los inversores minoristas "se queden fuera" y no se vean afectados por posibles futuras pérdidas de valor. "Estamos trabajando en una reforma que persigue reforzar mecanismos de protección del inversor y endurecer el acceso a estos productos", ha apuntado el ministro de Economía. Además, se realizará un test para conocer la idoneidad del inversor y, en caso de que se considere que no es idóneo, deberá firmar un documento en que se reconozca expresamente que no reúne las condiciones. En esta línea, también se creará un registro de inversores no idóneos para faciliar el trabajo de supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "De haber adoptado antes estas medidas, se habría impedido la comercialización masiva de las participaciones preferentes", ha aseverado el titular de Economía.
Rescate bancario
Los ministros de Finanzas de la zona del euro aprobaron el viernes, por unanimidad y sin modificaciones, el memorando de entendimiento que fija los términos y las condiciones de la ayuda que se destinará en los próximos 18 meses a reestructurar el sector bancario español, una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros.
De este modo, la banca española podrá contar a finales de este mes con el primer tramo de ayuda después de que los ministros de finanzas de la zona del euro dieran el viernes su visto bueno a la línea de crédito.
Está previsto que el primer tramo de la ayuda a los bancos, 30.000 millones de euros, se desembolse antes de fin de mes y se mantenga en reserva en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para casos urgentes de recapitalización. Este primer tramo incluye un "colchón de seguridad" a largo plazo de 10.000 millones.
A cambio de la ayuda europea, España tendrá que cumplir 32 condiciones, principalmente para la banca que requiera capital y el sector en su conjunto, pero también tendrá que someterse "en paralelo" a una vigilancia estrecha y regular de los compromisos macroeconómicos en materia de déficit y desequilibrios.
La concesión de la ayuda obligará a los bancos a someterse a un duro proceso de reestructuración y, los que no logren ser viables, deberán ser liquidados de manera ordenada.
Además, en esta reestructuración, el acuerdo suscrito por el Eurogrupo obliga a repartir el coste del ajuste entre los inversores en el banco, lo que implica que los accionistas y los tenedores de deuda subordinada sufrirán pérdidas. Los bancos que reciban ayudas tendrán que sacar de su balance todos los activos problemáticos, no solo los inmobiliarios, y colocarlos en una sociedad de gestión de activos, o "banco malo".
Los planes iniciales es que toda la banca que reciba ayudas deposite sus activos problemáticos en una única sociedad, cuya gestión será "autónoma" e independiente del Estado, como establece la UE.
