La Comunidad Valenciana pide el auxilio financiero del Estado
La Comunidad Valenciana es la primera región que se acoge al fondo de liquidez aprobado el viernes pasado por el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda.
El primer paso lo ha dado la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Alberto Fabra acaba de pedir al fondo de liquidez que el Ejecutivo central puso en marcha el pasado viernes. Este instrumento, dotado con 18.000 millones, permitirá a las comunidades obtener la liquidez que el mercado y la banca les niega.
Valencia, como buena parte de las autonomías, es incapaz de afrontar sus vencimientos de deuda que ascienden a 1.500 millones entre julio y diciembre de este año.
Además, deberá financiar sus números rojos que, en el mejor de los casos, alcanzarán los 2.967 millones. Otras comunidades seguirán el camino emprendido por la Comunidad Valenciana. Cataluña, Castilla-La Mancha o Andalucía también precisarán del apoyo financiero de la Administración central. La ayuda no será gratis. Hacienda extremará el control sobre estas comunidades autónomas y obligará a aplicar nuevas medidas de ajuste. De hecho, la legislación contempla que el Ejecuivo central envíe "una misión de control" a los territorios que se acojan al fondo de liquidez.
Y tras reclamar la ayuda, ¿qué sucede?
Este es el proceso previsto por ley después de que una comunidad, en este caso la valenciana, haya solicitado ayuda:Hacienda debe aceptar: El Ministerio de Hacienda decidirá si acepta la petición de ayuda. En caso de hacerlo, la comunidad deberá comprometerse a cumplir las obligaciones vinculadas al auxilio.Plan de ajuste: Tras la adhesión, la comunidad tiene quince días para "presentar y acordar con Hacienda un plan de ajuste -o reformar el vigente- que asegure el cumplimiento de los objetivos de déficit". Es decir, más recortes.Información: La ayuda financiera se concederá por tramos y las comunidades deberán remitir información periódica de sus finanzas (saldo de deuda, vencimientos o previsión de ingresos).Férreo control: Hacienda enviará "misiones de control" a las comunidades auxiliadas. Se elaborarán informes y recomendaciones. En caso de incumplimiento se aplicarán sanciones y, en última instancia, puede aprobarse la temida intervención.