Y, por último, congelarán las pensiones
Esa es la última carta en manos del Gobierno para cuadrar las cuentas en 2013 y 2014: congelar las pensiones. La Seguridad Social está financieramente muy estresada, con anticipos en las tranferencias estatales para poder hacer frente a sus pagos de pensiones. Si se mantiene la recesión en 2013, y no parece que quede otra con el paquete de ajuste presupuestario y la falta de crédito, la Tesorería de la Seguridad Social no puede resistir con unas pensiones que avanzan a un ritmo del 4,3% y unas cotizaciones que descienden un 4,3% interanual hasta mayo. Activará el indicador de sostenibilidad que seguramente aconsejará congelar las pensiones en 2013.
A nivel agregado sigo pensando que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas presupuestarias que le permitirán gozar de cierta holgura en las cuentas, salvo que la recesión se torne ciertamente salvaje en los próximos dos años. Cerca de sesenta mil millones de euros de subidas de impuestos y recorte de gastos son mucho más dinero del que sería necesario para reducir el déficit hasta el 3% en 2014. Eso evitaría tomar nuevas decisiones desagradables en los treinta meses en los que España se juega el tipo para recuperar su economía y la confianzaa de los mercados financieros.
Pero en el juego de sacrificios equitativos que el Gobierno pretende aplicar en su política, y en la que prácticamente solo falta una medida llamativa para los muy ricos (a los banqueros ya les ha puesto su ración en infinidad de medidas para mejorar la solvencia de las entidades y limitar las remuneraciones de los ejecutivos que gestionan entidades intervenidas) y que las rentas de los pasivos pongan algo de su parte, aunque solo sea una congelación de cuantías por un año.
Con inflaciones del 2% como las actuales, no cumplir la ley que obliga a su revalorización (estblecida desde 1998 sobre la inflación previusta, con corrección de la desviación en el primer trimestre de cada año) supondría solo un ahorro de unos 2.000 millones de euros, aunque se mantendría para siguientes ejercicios, en los que no se recuperaría ese dinero por parte de los ocho millones de pensionistas.
Pero el Gobierno parece cada vez más decidido a tomar alguna determinación con la Seguridad Social, tanto sobre la aplicación de la última reforma, que endurece el acceso a las prestaciones y prolonga la edad laboral, retrasando de forma completa la edad de retiro a los 67 años en 2027. En septiembre activará el indicador de sostenibilidad de la Seguridad Social, en el que tendrá en cuenta la situación de las finanzas públicas, la inflación, la esperanza de vida y las cuentas concretas de la Seguridad Social, para determinar qué medidas hay que tomar para garantizar la estabilidad financiera del sistema. Hoy por hoy, tras varios años de superávit, está en déficit. Y la marcha del núnero de afiliados, en caída libre con descensos anualizados de casi el 3%, y del número de pensionistas en un avance vegetativo del 2%, así como el efecto sustutición financieramente tan exigente (cada pensión nueva es un 40% más elevada que la de las que causan baja), no presagia nada bueno para los próximos años si no se corrige.-