Galicia, Asturias y Canarias tendrán también suplemento en la tarifa eléctrica
Un informe elaborado por PwC para Unesa recoge que hasta siete comunidades autónomas aplican impuestos medioambientales a las cinco grandes eléctricas y al operador del sistema, REE. Según el real decreto-ley que entró en vigor el domingo, Industria aplicará un suplemento a los ciudadanos de los territorios que, a su vez, cobran ecotasas.
Además de los consumidores de Extremadura; Castilla-La Mancha; Castilla y León y Murcia, también los de Canarias, Asturias y Galicia son candidatos a que el Ministerio de Industria les aplique un suplemento extra en su tarifa de acceso. Según un estudio elaborado para Unesa por PwC al que ha tenido acceso CincoDías, siete son las comunidades autónomas que aplican a las actividades eléctricas algún tipo de gravamen medioambiental o ecotasas, principalmente, a la producción nuclear, a la hidráulica y a las redes de alta tensión que gestiona REE (ver cuadro resumen).
También Valencia y Cataluña tramitan impuestos medioambientales a la producción eléctrica, la emisión de gases contaminantes y los residuos radiactivos. En el primer caso, es un anteproyecto cuya tramitación está en sus inicios y, en el segundo, una proposición de ley también en trámite.
Según el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo, Industria deberá aplicar a partir de ahora un suplemento territorial (que hasta ahora era potestativo y se ha convertido en obligatorio) a los peajes de acceso de los ciudadanos de las regiones que apliquen, a su vez, dichas ecotasas. Según la citada norma, el ministerio deberá determinar reglamentariamente "los tributos y recargos concretos" que se recuperarán para el sistema eléctrico a través de los peajes de acceso de los consumidores locales.
Desde 2005 hasta este mismo año, media docena de comunidades autónomas han aprobado un total de 15 ecotasas. A estas hay que añadir el gravamen de Canarias sobre las redes de transporte y distribución de alta y media tensión que, aunque ha sido aprobado este mismo año, no tendrá efecto hasta el 1 de enero de 2013. Los impuestos de más reciente cobro son los que aplica desde el 1 de marzo el Gobierno de Castilla y León a la producción hidráulica, los parques eólicos y las redes de transporte en su territorio.
El Gobierno de esta comunidad hizo una consulta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) antes de aprobar estos impuestos. En ella preguntaba al regulador si las eléctricas podrían repercutirlos a los consumidores castellanoleoneses. La CNE respondió que solo podría hacerlo el Ministerio de Industria, que es el que decide los peajes y que, pese a que la Ley Eléctrica permitía dicho suplemento, no había ningún antecedente de que lo hubiera aplicado. Con la nueva norma, el Gobierno rompe la tarifa eléctrica única en todo el Estado y, según sus cálculos, con el recargo territorial se podrían obtener hasta 200 millones de euros a partir de 2013.
Algunas autonomías aplican otros tributos medioambientales sobre contaminación atmosférica y eliminación de residuos en vertederos, si bien, el real decreto ley establece que el suplemento se refiere a las ecotasas sobre actividades eléctricas.
La cifra
16 impuestos medioambientales están en vigor en siete comunidades: Extremadura, las dos Castillas, Murcia, Galicia, Asturias y Canarias (con una tasa que cobrará en 2013).
Monago reitera que deben pagar las generadoras
La "fuerte contestación" al suplemento territorial en los peajes de acceso que se temía el Gobierno, según un documento en el que se recoge la nueva fiscalidad que se aplicaría a las grandes eléctricas y las de renovables, no se ha hecho esperar. El Ejecutivo de Extremadura anunció el mismo lunes, el día siguiente a su entrada en vigor, que va presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida.Ayer, el presidente de la Junta, José Antonio Monago, aseguró que "hay razones en derecho" para que la denominada ecotasa no recaiga "en las espaldas de los consumidores", sino que sean las compañías eléctricas la que paguen ese impuesto, informa Europa Press. En una rueda de prensa, Monago recordó que la ecotasa va contra el "impacto medioambiental" de determinadas actividades, por lo que "tiene que recaer en este caso sobre la industria productora de energía, pero no sobre los consumidores".Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha formulado una declaración de impacto ambiental (DIA) "desfavorable" al proyecto de la refinería Balboa, por las "afecciones ambientales" que presenta. El ministerio considera que este proyecto promovido por el Grupo Gallardo es "medioambientalmente inviable" por los "potenciales impactos" derivados de su localización en la provincia de Badajoz, y "sobre la zona marítima del Parque de Doñana", anuncia el ministerio en nota de prensa.La decisión enfrentó ayer a los partidarios y detractores de dicha instalación. Los primeros, a través de la plataforma Refinería Sí, y el propio PP regional, han criticado al Gobierno de Monago por no haberse implicado lo suficiente en la defensa del proyecto.
