Suplemento en los peajes de acceso

El Gobierno rompe la tarifa eléctrica única en todo el Estado

Industria establecerá un suplemento en los peajes de acceso a los consumidores cuyos Gobiernos autónomos aplican tributos medioambientales a las redes o centrales eléctricas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que el importante paquete de medidas energético en marcha y cuyo contenido se filtró el pasado miércoles, "se aprobará este mes de julio". No obstante, Sáenz de Santamaría desveló que el Consejo sí había aprobado en su reunión del viernes "algunos elementos" de la citada reforma, sobre los que pasó de puntilla.

Efectivamente, el grueso del citado paquete, "un nuevo esquema fiscal energético", como lo califican en el Gobierno, se incluirá en un proyecto de ley y ha sido aplazado tras las airadas protestas de las empresas de los distintos sectores eléctricos, que verán detraer de su facturación 2.686 millones en 2013 por los impuestos y las tasas sobre la venta de energía que prevé dicho proyecto de ley.

Pero la reforma que el Gobierno lleva meses elaborando también incluía algunas medidas (a fijar por un real decreto ley) para la reducción de los costes del sistema eléctrico en 2012, tal como las denomina el Gobierno en un documento interno al que ha tenido acceso CincoDías (los datos del cuadro adjunto corresponden a dicho documento). Y son dichas medidas "el elemento" que el Consejo de Ministros aprobó el viernes y que entrarán en vigor este fin de semana.

Se trata de cinco artículos que modifican algunas normas del sector, la más importante, la que obliga a que los tributos medioambientales que las comunidades autónomas cobran a instalaciones eléctricas (redes o centrales diversas) sean repercutidos a partir de ahora en los peajes de acceso de los consumidores de dichas comunidades.

Este recargo autonómico a la facturación eléctrica supone que, por primera vez, los ciudadanos van a pagar un precio distinto por la tarifa eléctrica en función de la región en la que vivan. El Gobierno, que reconoce internamente que esta medida tendrá una fuerte contestación política de las comunidades autónomas, que siempre han rechazado ese suplemento a sus ciudadanos, prevé devolver al sistema eléctrico por esta vía entre 100 y 200 millones de euros a partir de 2013.

En realidad la Ley del Sector Eléctrico ya establece la posibilidad de que "en el caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas", a la tarifa de último recurso se le aplique un suplemento territorial que deberá ser abonado por los consumidores de dicha comunidad por el equivalente al sobrecoste provocado.

Sin embargo, se trataba de una medida potestativa que el Ministerio de Industria nunca había aplicado y que, a partir de ahora, pasa a ser obligatoria. El suplemento se incluirá en los peajes de acceso y es potestad de Industria no de las empresas eléctricas.

La multitud de tributos medioambientales autonómicos, que gravan especialmente los ingresos de las redes de distribución y las centrales de ciclo combinado, nucleares o hidráulicas, era uno de los argumentos de las eléctricas contra la nueva fiscalidad estatal que se les avecina.

Otro de los recortes previstos es el que afecta a la retribución del transporte de electricidad, que afecta esencialmente a REE en una cuantía de 50 millones de euros este año, según datos del Gobierno. El operador del sistema y transportista único se libró de los recortes aprobados el pasado mes de marzo por el Gobierno para la red de distribución (casi 700 millones de euros), lo que provocó las grandes eléctricas se sintieran discriminadas por aquella medida. El nuevo criterio para retribuir la inversión de REE tiene en cuenta los activos no amortizados tomando en cuenta el valor neto de los mismos. De esta manera, los ingresos de REE serán de 1.440 millones este año. Según algunos analistas, esta medida tendrá un efecto negativo sobre la cotización de la compañía, que no compensará el recorte de costes para el sistema eléctrico.

Otra de las medidas, que figuraba entre las que se filtraron esta semana, hace referencia a la reducción de la retribución de los costes fijos y variables de las centrales de generación de los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). Aunque inicialmente se preveía un recorte de 100 millones, finalmente esta cantidad podría ser muy superior.

Qué pasa con el bono social

Otro coste que se preveía recortar era el del bono social de la tarifa, del que se benefician ciertos colectivos, como familias numerosas, pensionistas o clientes con menos de tres kW de potencia contratada y supone la congelación de la misma. El Gobierno tenía previsto aprobar "un nuevo mecanismo de financiación" de este bono, que hasta principios de año financiaban las cinco grandes eléctricas, que fueron eximidas de esta obligación por una sentencia del Supremo. Desde entonces, este dinero lo pagaba el resto de consumidores.

Según fuentes del sector, el Gobierno lo habría recortado en 99 millones de euros. Sin embargo, se desconoce a quién afectaría ese recorte o si, en realidad, el Gobierno ha establecido un nuevo sistema de financiación que incluiría a otras empresas eléctricas además de las cinco de Unesa. En cualquier caso, el bono social caduca, si alguna ley no lo impide, en 2013.

Reforma pendiente

¿Por qué bancos sí y eléctricas no?

Las empresas de Unesa consideran que la tributación que prepara el Gobierno (que ellas calculan en 2.000 millones) y las medidas que ya aprobó el pasado mes de marzo, supondrá quitarles "para siempre" su beneficio neto en España, que ronda los 3.000 millones de euros. "¿Por qué a los bancos se les ayuda y a las eléctricas se les quita sus ingresos?", se preguntaba el viernes un ejecutivo, que no daba crédito a las medidas fiscales del Gobierno. Las eléctricas siguen lamentando la ausencia de diálogo político sobre unas medidas que ponen en peligro su delicada situación financiera.

Años de vida útil a cambio de tasas

En un documento interno del Gobierno con las medidas que prepara para el sector figura el establecimiento de una tasa a la nuclear (por generación de residuos radiactivos) de 10 euros MWh y un canon (por ser un bien de dominio público) a la gran hidráulica. Estas tasas, contestadas por las empresas, tendrían como contrapartida alargar la vida útil de las plantas atómicas 10 años y las concesiones administrativas hidráulicas en 20 años. Esta medida no compensa a las eléctricas que dicen que pierden casi todo el beneficio de estas instalaciones. Un tercio, según otras fuentes.

¿Adiós al aval del Estado?

En el esquema original de la reforma fiscal energética que se aprobará este mes, el Gobierno prevé asumir deuda eléctrica a cambio de la recaudación que logrará por la venta de energía. Así, la idea es pasar el principal de las anualidades del déficit de tarifa a deuda pública (unos 2.100 millones de euros al año). Esta medida apunta a la posibilidad de que solo se asuma lo comprometido en el programa de titulización del déficit con el aval público. Esto es, que el principal de la deuda eléctrica la pague el Estado y los intereses los emitan las compañías eléctricas en el mercado.

Ingresos por CO2 para primas

Las renovables se consideran el sector más perjudicado por las futuras medidas fiscales, pues solo las tecnologías marginales (como el carbón o el gas que marcan precio en el pool) podrán repercutir el impuesto en el precio final. El resto, por ser inframarginales (no marcan precio y reciben el de aquellas), no pueden repercutir un gravamen que el previsto en su caso es mucho más alto. El Gobierno se ha comprometido a sufragar primas de las renovables con los ingresos por los derechos de emisión de CO2 que recibirá a partir de 2013. Este compromiso deberá figurar en el proyecto de ley.

cartas a los ministros

Algunas empresas del sector eléctrico enviaron sendas cartas a los ministros que participaban el jueves en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, alertándoles de la gravedad de las medidas fiscales previstas para el sector. Entre ellos, no estaba el titular de Industria, José Manuel Soria, que avanzó hace unos días el nuevo esquema tributario que, finalmente no se aprobó el viernes.

Las cifras

100 millones de euros es el ingreso mínimo (podría llegar a 200 millones) que podría obtener Industria por los suplementos en los peajes de los consumidores que viven en autonomías con tributos medioambientales.

50 millones de euros es el recorte de la retribución para este año de las redes de transporte de electricidad que explota REE.

100 millones de euros es la reducción de los costes de los sistemas extrapeninsulares de Endesa, según estimaban en el Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó ayer esta medida, pero se desconoce si el efecto será finalmente este o superior.