EDITORIAL

Pista libre para el macroajuste

El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes a buena parte del conjunto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que constituyen el mayor recorte de la historia de la democracia. Algo que da una imagen exacta del crítico momento que atraviesa no solo la economía española, sino el conjunto de la zona euro, pues es la supervivencia de la moneda única lo que realmente está en juego. Entrando en el detalle de las medidas aprobadas por el Ejecutivo, hay varias novedades o precisiones respecto a las enunciadas por Rajoy en el Congreso de los Diputados. Las más llamativas tienen que ver con el IVA. Y en dos sentidos: la distribución de tipos y de productos gravados y la fecha de entrada en vigor. Tal y como relató el presidente, el IVA superreducido queda en el 4%, el reducido pasa del 8% al 10% y el general se eleva del 18% al 21%. La novedad consiste en que algunas de las rúbricas que antes estaban encuadradas en el gravamen reducido pasa a estarlo en el general. Ello significa que hay determinados productos (gafas, lentillas, peluquerías, entradas de eventos culturales y un amplio etcétera) cuyo IVA sube de golpe 13 puntos. Otra de las novedades es la entrada en vigor de las modificaciones del impuesto, que será finalmente el 1 de septiembre. Un guiño evidente al sector turístico, que al menos ve con cierto alivio que el incremento fiscal no afecta a su mes estrella, agosto.

Los detalles del aumento del IVA volvieron a reavivar el debate sobre su efecto negativo en el crecimiento de la economía. Evidentemente, es así. Pero es mucho más evidente que sin un conjunto de medidas destinadas a reconducir el déficit público -y con él, el grado de credibilidad de la economía española y la confianza de la inversión extranjera- nada es posible. Es decir, que para construir crecimiento son necesarios unos pilares sobre los que asentarlo, que pasan, indefectiblemente, por el saneamiento de las cuentas públicas.

La reforma de la Administración es la más significativa de las reformas estructurales abordadas en el Consejo de Ministros. Y también desde varias perspectivas. Siguiendo el principio de "una Administración, una competencia", el Ejecutivo ha decidido poner en marcha medidas como reducir el número de concejales un 30% para ahorrar hasta 3.500 millones o diseñar un baremo de calidad de los servicios públicos. Con este baremo, los ayuntamientos con una población menor de 20.000 habitantes que no cumplan con unos mínimos de calidad y estén sujetos a planes de ajuste cederán competencias a las diputaciones, que actuarán como una especie de gestora centralizada de prestaciones. Además, interventores y secretarios municipales pasarán a depender del Estado. Pero los cambios en la función pública no paran ahí. Los hay que afectan al bolsillo de los funcionarios. Se suprime la paga extra de Navidad de este año, aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que esa remuneración "no se pierde, ya que pasará a cobrarse a partir de 2015 a través del plan de pensiones". En cualquier caso, lo que sí pierden es el actual régimen de días libres: los famosos moscosos pasan de seis a tres, mientras los de libre disposición por antigüedad (canosos) se eliminan. Los parados o los profesionales tampoco se libran del macroajuste. E incluso hay quien sospecha que detrás de los nuevos análisis de la evolución de las pensiones y de su sostenibilidad se esconde una congelación para el año próximo.

No obstante, las medidas aprobadas no se circunscriben a recortes. También hay tímidos guiños a planes para avanzar en el crecimiento, como la ampliación de los horarios comerciales o la aceleración de la liberalización del transporte aéreo y ferroviario. Y algo vital: un mecanismo de ayuda a la financiación de las comunidades autónomas. Con el objeto de dar liquidez a este instrumento, que estará dotado con 18.000 millones, el Estado emitirá 6.000 millones con cargo a la futura recaudación de la lotería. En definitiva, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido gobernar y tomar medidas duras, durísimas, obligado por las circunstancias y por Bruselas, y con el deseo de que sean las definitivas Son tiempos, sin duda, de sangre, sudor y lágrimas.