Los bonistas se libran de la quita en contra de la nueva norma europea
Bruselas justifica la excepción en aras de la estabilidad financiera.
Los grandes acreedores de la banca española, a diferencia de los titulares de preferentes, quedarán exentos de cualquier quita derivada de la reestructuración de las entidades que reciban ayudas públicas europeas, según el memorándum de entendimiento que fija las condiciones del rescate de la banca española.
Esa exención generalizada de los bonistas con mayores garantías contraviene el proyecto de directiva sobre reestructuraciones bancarias aprobado el mes pasado por la Comisión Europea.
Se da la paradoja, además, de que el propio memorándum exige al Gobierno español que reforme su marco de "resolución bancaria" en línea con lo previsto en la nueva directiva.
Esa ley establece por primera vez a escala europea la jerarquía que deberá seguirse en el reparto de pérdidas cuando una entidad financiera tenga que ser rescatada. Y señala en primer lugar a los accionistas, después a los tenedores de deuda subordinada (como las preferentes) y por último a los llamados bonistas séniors, que suelen ser grandes instituciones de inversión.
La Comisión Europea se vio obligada ayer a explicar la evidente contradicción entre el texto del memorándum y su propuesta legislativa. Y atribuyó la excepción establecida para el rescate de España a la necesidad de "garantizar la estabilidad financiera".
Bruselas parece temer que los grandes inversores huyan del sector financiero español si anticipan la posibilidad de una pérdida. Ese temor ya retrasó durante meses la aprobación de un proyecto de directiva que se marca el objetivo de "impedir que el dinero del contribuyente vuelva a utilizarse para rescatar bancos" y que "el coste de las crisis sea asumido en primer lugar por los accionistas y los acreedores del banco".
En el caso de España, el coste de la factura se cubrirá en primer lugar mediante la venta de activos de las entidades infracapitalizadas; la prohibición del pago de dividendos; y las pérdidas para accionistas y tenedores de deuda subordinada o productos derivados. Los séniors se libran.
El 60% de la deuda con riesgo, entre minoristas
El capitalismo popular a veces pasa factura. Los analistas de Barclays calculaban ayer que el 60% de la deuda subordinada de las entidades españolas (sin contar a Santander y BBVA) está en manos de inversores minoristas. Unos particulares que ahora se exponen a sufrir pérdidas si la entidad en que invirtieron necesita pedir ayuda. El asunto, como apunta Barclays, será "políticamente sensible". Sobre todo, porque entre esa deuda figuran las llamadas preferentes, cuyos titulares aseguran que, en algunos casos, no fueron debidamente informados sobre el riesgo que asumían. El Estado podría tener que compensarles, así que la factura correrá a cargo del de siempre: el contribuyente.