Europa ensaya en España la supervisión única
El memorándum de entendimiento que regula las condiciones de rescate de la banca fallida española por parte de la Unión Europea es la mejor guía de lo que será en el futuro la supervisión bancaria única en la zona euro, ese mecanismo que permitirá capitalizar bancos con problemas sin necesidad de recurrir a los Estados, aislar el riesgo bancario para no contaminar las emisiones del Tesoro e igualar las condiciones de solvencia y crédito de todas las entidades del continente. España ha sido utilizada como conejillo de indias para dar los primeros pasos en algo a lo que los países nórdicos se resistían, cual era la unión bancaria europea y la supervisión única, como condición para conceder ayuda a los bancos españoles con problemas de sostenibilidad, fundamentalmente las cajas de ahorros ya nacionalizadas. Aunque ya en el pasado había establecido condiciones duras para los sistemas bancarios de los países intervenidos, algunos de los cuales habían adquirido esa condición precisamente por la insostenibilidad de sus entidades, en España ha tenido que hilvanar fórmulas diferentes, puesto que el Estado no ha sido rescatado, y bien podría utilizarse este modelo para otros países cuyos bancos se vean en la necesidad de utilizar recursos comunitarios para costear defectos de capital.
El Estado no tendrá condiciones macroeconómicas adicionales a las que ya tenía que cumplir por el protocolo de déficit excesivo, puesto que España hace ya años que tiene déficit excesivo, e intenta reconducirlo sin éxito en los últimos ejercicios, para llegar al 3% en unos años. Pero las recomendaciones que hasta ahora hacía la Comisión Europea en materia de política económica se convierten ahora en obligaciones, tanto las numéricas como las referidas a las reformas de sus mercados. Buen ejemplo de a cuáles se refiere ahora el memorándum serán las reformas, ajustes de gasto e incremento de impuestos que hoy anuncie el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso.
La cumbre de Bruselas de hace un par de semanas ha marcado el giro en la política comunitaria, o al menos ha cambiado la velocidad de las cosas. Ahora los Gobiernos se han comprometido políticamente con determinadas decisiones que deben ir tomando y, si se duermen en los laureles, serán los mercados financieros los que marquen el paso. Entre las decisiones adoptadas hay unas cuentas que benefician notablemente la posición delicada de España, sobre todo la disponibilidad de recursos baratos para recapitalizar la banca dañada, la oportunidad de dilatar un año el ajuste fiscal muy doloroso y la posibilidad de que, si todo ello no funciona en tiempo, el fondo de rescate pueda adquirir deuda pública en los mercados.
Pero todo esto, ya lo sabíamos, no será gratis, y España debe acelerar sus ajustes y sus reformas, aunque en ellas haya tanto de convicción política del Ejecutivo como presión de Bruselas, combinadas hasta ahora como en una partida de póquer. Y donde España cede un grado elevado de soberanía es en la política financiera. Se refuerza la autonomía del Banco de España en detrimento del Ministerio de Economía, pese a las críticas recibidas por el supervisor, y se ponen en marcha los mecanismos para adelgazar de una vez un sistema financiero desmesurado por la fuerte demanda de crédito de los últimos años, atendida gustosamente por la banca con el ilimitado chorro de liquidez y el ahorro europeos.
Habrá cierre de oficinas, reducción de plantillas y segregación de activos tóxicos, y no se entregará capital comunitario a ninguna entidad que no haya elaborado su propio plan de ajuste y lo haya sometido con éxito al escrutinio de Bruselas. Y todo parece indicar que habrá liquidación de entidades entre las ya nacionalizadas, y un estrechamiento del control sobre las libres, que tendrán que contar (ya lo tienen en su mayoría) con un capital de primera calidad del 9% sobre los activos ponderados por riesgo.
El resto de las condiciones del rescate financiero son las habituales en un proceso de este tipo, con limitaciones severas a la política crediticia, al recurso al mercado interbancario y a la remuneración de los directivos. Además, desaparecerá todo vestigio de las cajas de ahorros y todos los bonistas y tenedores de títulos subordinados correrán con su parte de pérdidas en la recapitalización.