La sostenibilidad de las finanzas públicas

Rajoy dejará sin una paga extra a todos los funcionarios

El Ejecutivo pone en su punto de mira a 690.000 contratados laborales.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron ayer a CincoDías que el plan de ajuste que Rajoy presentará mañana en el Congreso incluirá la supresión de una paga extra a los funcionarios, con la que se pretende ahorrar 4.000 millones de euros. Una vez que el presidente del Gobierno lo comunique en la Cámara Baja, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, lo hará público en la reunión convocada con la Mesa de la Función Pública, prevista para las 17:00 horas. En ese encuentro, además de la previsible supresión de la paga extra, se podrían presentar otras medidas de racionalización del gasto, como la ampliación de la jornada laboral o la introducción de nuevos sistemas para controlar la productividad de estos empleados.

Se trata de la segunda rebaja en el sueldo de los empleados públicos en los últimos tres ejercicios. En mayo de 2010, el anterior presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un plan de ajuste de 15.000 millones de euros ante el riesgo de que España pudiera ser intervenida. En ese recorte se aprobó una rebaja media del 5% en el sueldo de los funcionarios, lo que comportaba un ahorro anual de 4.500 millones de euros. Ese dinero se detrajo de las pagas extraordinarias. En 2011 no se prorrogó la medida, pero los empleados públicos que se vieron afectados por la rebaja salarial no recuperaron el poder adquisitivo perdido.

No será el único recorte que se planteará en el ámbito de la función pública. El Ejecutivo está dispuesto a someter a un profundo adelgazamiento a todas las administraciones, que han crecido de forma continuada desde finales de 1999. Entonces, se contabilizaban 2,34 millones de empleados públicos y esa cifra ha crecido hasta alcanzar los 3,13 millones a finales de 2011. En el primer trimestre de este año ha bajado hasta los 3,10 millones, lo que supone una disminución de 32.000 personas.

Se trata del primer descenso en trece años y es una muestra del impacto que están teniendo las medidas de ajuste que ya aplican todas las administraciones por el recrudecimiento de la crisis. Por lo tanto, a la subida del IVA o a la supresión de la deducción por compra de vivienda, le va a acompañar un severo ajuste en el sector público, que emplea en la actualidad a más de 3,1 millones de asalariados, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De esa cantidad, 2,4 millones son funcionarios de carrera y otros 690.000 son contratados laborales con carácter temporal. Este último es el colectivo sobre el que se va a centrar los ajustes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó el lunes que está estudiando la ampliación de las jornada laboral de este colectivo para incrementar su productividad y que el sector público asimile aspectos del régimen de los trabajadores privados, lo que significa abrir la puerta a adelgazar las plantillas públicas, en especial a aquellos que no son funcionarios de carrera.

Las cifras

33% trabajadores fueron despedidos en el ERE presentado por el Consistorio de Jerez de la Frontera.

384.273 de los contratados laborales en la Administración cubren una baja de otro trabajador.

390 empleados trabajan en los ayuntamientos.

El 84% de los asesores está ligado a las autonomías

Los sindicatos insistieron ayer en su mensaje de que antes que rescindir de forma masiva los contratos con los laborales habría que suprimir todos los puestos de personal de confianza, encuadrados en la categoría de otro personal, creados al calor de los quince años de crecimiento continuado en España.

En junio de 2011, último dato disponible, había 346.323 asesores en las plantillas de las Administraciones públicas, de los que 288.844 (el 83,4%) cobraba un sueldo de las autonomías. La gran mayoría de esos trabajadores están ligados a las empresas públicas o a entes autonómicos.

En el caso del personal laboral (aquellos contratados que prestan servicios retribuidos a las Administraciones), el grueso se concentra en los ayuntamientos, con 384.273 empleados, el 55,6% del total. Algunos consistorios, como el de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya han cerrado ERE para despedir a 390 trabajadores. Solo en Andalucía, los sindicatos calculan que se habrían presentado 250 procesos de regulación en lo que va de año.

Pero si se analiza la relación contractual con cada Administración, el margen de ajuste es aún mayor. Uno de cada tres contratados (233.100 en términos absolutos) está cubriendo la ausencia total o parcial de otro trabajador, mientras que otro 26,3% está contratado por obra y servicio (181.800 empleados). Así, las Administraciones cuentan con margen casi inmediato para dar de baja a 400.000 empleados si la coyuntura lo requiriera.