Las solares se unen contra una posible tasa a la producción
Las asociaciones de los distintos sectores de energías renovables, APPA, Unef y Protermosolar, remitieron ayer una nota de prensa conjunta en la que exigían que cualquier medida que se adopte en el sector debe guardar el máximo respeto a la seguridad jurídica, "entendida esta en su más amplio sentido y no exclusivamente en el de la -de por sí indebida política y jurídicamente- retroactividad".
Ante las informaciones divulgadas en los últimos días sobre la futura reforma del sistema eléctrico pendiente de aprobar por el Gobierno, que incluiría una tasa a la generación renovable, estas asociaciones piden que la seguridad jurídica "es la única vía por la que España podrá mantener su credibilidad en el contexto internacional y la confianza de los inversores extranjeros y nacionales, para poder seguir soportando las necesarias iniciativas a favor del crecimiento económico, imprescindibles para la necesaria generación de empleo".
Asimismo, solicitan que se mantenga la coherencia en los planteamientos legislativos y respete "las condiciones, circunstancias y garantías en que se han hecho las inversiones". Estas han permitido, según el comunicado, "el desarrollo de tecnologías que han situado a España en posiciones de liderazgo e indiscutible reconocimiento". Más aún cuando los inversores no concentran exclusivamente sus actuaciones en el ámbito energético, sino en otros sectores.
Por último, ante la reforma en ciernes, piden que el Ejecutivo "valore el impacto de reducciones de ingresos o cargas fiscales adicionales -ya de por sí insoportables en el actual modelo energético renovable- en cualquier modelo económico estable y de regulación respetable y respetada". Los recortes impuestos "arbitrariamente" por el anterior Gobierno y la moratoria reciente pueden conducir, en su opinión, a una crisis financiera y a situaciones de insolvencia y morosidad.
"Error histórico"
También la Fundación Renovables advirtió ayer que detener el desarrollo de las tecnologías verdes sería un "error histórico". Una posible tasa a estas energías sería no solo una medida "disparatada", sino un "descrédito total de la seguridad jurídica" en España.