Las cajas catalanas del FROB se transformarán en fundaciones
El Gobierno catalán aprobó ayer el proyecto de ley para transformar las cajas de ahorros en fundaciones privadas de carácter especial, lo que permite que estas puedan preservar su obra social tras su constitución en bancos.
El proceso de transformación tendrá que ser solicitado por las asambleas de las cajas interesadas, que tendrán seis meses para realizar la petición, y será tutelado por la Generalitat, según explicó ayer el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Govern.
La nueva normativa afecta a las cajas que han perdido el control del 25% del capital del banco en el que se han transformado, por lo que la Caixa de Pensions no estará sujeta, ya que sigue siendo titular de la mayoría del capital de CaixaBank.
La ley sí afecta a las cajas que optaron por crear un banco después de su fusión, como es el caso de Unnim (resultado de la integración de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu), Catalunya Banc (que integra Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) y las que se integraron en una coalición de cajas de diferentes autonomías como es Caixa del Penedès, miembro de la alianza de BMN, y Caixa Laietana en Bankia.
Las fundaciones que se creen contarán con el patrimonio segregado en el momento de la transferencia de la actividad financiera a los bancos, que Mas-Colell aseguró que está "totalmente saneado".
"Las fundaciones nacerán sin deudas significativas", apuntó el consejero, que se ha mostrado convencido de que la obra social de las cajas catalanas podrá mantenerse a partir de esta regulación gracias "al dinamismo" de la sociedad civil catalana.
El patronato de estas fundaciones estará constituido por una asamblea de un máximo de 20 miembros que serán representantes de las entidades fundadoras o vinculadas históricamente a las cajas, patrocinadores o instituciones activas en los ámbitos de interés de las cajas, además de un máximo de cinco personas a título individual.
Los patrocinadores presentes en el patronato podrán ser los bancos que han generado las cajas o que han acabado por canalizar los negocios de estas cajas.
Del total de los miembros del patronato, el 75% deberán ser personas privadas jurídicamente.
Con esta normativa, el Govern quiere también asegurarse el control de las obras sociales, ya que el control de las fundaciones es competencia del departamento de Justicia de la Generalitat.